IU propone que los parados en formación cobren 700 euros al mes
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Izquierda Unida propone un programa de recualificación profesional “mucho más ambicioso” que el que ha propuesto el Gobierno, “que combine formación y empleo” y “con una retribución neta de 700 euros mensuales”, según el borrador del informe político que el coordinador general de IU, Cayo Lara, presentará este sábado ante el Consejo Político Federal. Además, apuesta por una fiscalidad municipal progresiva de cara a las elecciones del 22 de mayo.
“El programa de recualificación profesional debe ser mucho más ambicioso que el propuesto por el Gobierno”, señala el documento, según el cual “IU ha planteado un programa que combine formación y empleo, financiado por el Estado, realizado en colaboración con los Ayuntamientos y con una retribución neta de 700 euros mensuales”.
Ésta es una de las propuestas recogidas en el texto, que señala que IU se presentará a las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo como “la única fuerza de carácter estatal que defiende claramente propuestas alternativas” y avanza que el “eje” de la estrategia electoral y el programa marco para el 22 de mayo “tiene que ser la lucha contra el neoliberalismo”.
“Nuestra propuesta, nuestra política y nuestra gestión deben declarar ayuntamientos y comunidades autónomas como escenarios políticos libres de neoliberalismo”, establece el texto. Para ello, propone entender las relaciones laborales en el Ayuntamiento de forma no neoliberal, una fiscalidad municipal progresiva “aún en los límites estrechos de la actual legislación” y combatir la especulación inmobiliaria.
De cara a las próximas elecciones generales, el documento anticipa que la “mejora” de las pensiones formará parte del programa electoral de IU, que reclamará el voto de los ciudadanos para cambiar los fundamentos de la reforma del sistema de pensiones pactada entre el Gobierno y los sindicatos.
Sobre esta cuestión, el texto reafirma que IU no apoyará “ni política ni parlamentariamente” la reforma del sistema público de pensiones tal y como se plantea en el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno. En este sentido, indica que IU tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley y posteriormente trabajar en las enmiendas que sean necesarias.
Por su parte, Cayo Lara acudirá el próximo miércoles a la entrevista con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con “propuestas en positivo” y los criterios sobre las mejoras de las pensiones públicas defendidos por IU.
Para IU, “cualquier reforma (del sistema público de pensiones) debe mejorarlas e incrementar especialmente las más bajas”. Sus “líneas rojas” para la reforma son los 65 como edad legal de jubilación, 15 para el cómputo de las pensiones y 35 de cotización para poder cobrar el cien por cien de la pensión.
Al mismo tiempo, niega que el sistema público de pensiones esté en riesgo y destaca que incluso con 4,5 millones de parados el Fondo de Reserva sigue creciendo y la Seguridad Social tiene superávit; tampoco comparte que la reforma de las pensiones esté relacionada con la crisis, dado que hasta 2027 no se aplicará plenamente; y, a su juicio, lo que realmente pretende es fomentar los fondos privados de pensiones.
Asimismo, asegura que los recortes no garantizan el futuro y la mejora de las pensiones públicas, sino que lo que lo hace es la creación de empleo, la incorporación de la mujer al trabajo remunerado salarialmente y la equiparación de sus salarios con los de los hombres, la elevación de los salarios y la productividad, la eliminación del fraude fiscal y la economía sumergida, y el aumento de las cotizaciones máximas para reforzar el principio de solidaridad.
“RECORTE DEL 20% DE LA PENSIÓN”
IU calcula que la aplicación de la reforma supondrá un recorte medio de en torno a un 20 por ciento en cada pensión, como consecuencia de que implicará dos años menos de pensión para cada pensionista, así como pérdida del valor de la paga a causa del aumento del periodo de cómputo y de porcentajes significativos de la misma por parte de los trabajadores que no perciban en el futuro la pensión completa.
Así las cosas, IU se compromete a impulsar una campaña de movilización frente a la reforma de las pensiones y de pedagogía, dentro de la cual organizará “cien actos de explicación” coincidiendo con la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas y, como colofón, celebrará la Fiesta del 25 Aniversario de IU. En este sentido, IU apoyará las manifestaciones convocadas para el 19 de febrero en Madrid, y las manifestaciones estudiantiles previstas para la primera semana de marzo.
En otro orden de cosas, IU se compromete a examinar las propuestas que vaya presentando el Gobierno en el Parlamento sobre otros aspectos del Acuerdo Social y Económico y fija sus criterios en torno a algunas de estas cuestiones.
Así, manifiesta el rechazo a subvencionar la contratación temporal de jóvenes, porque, a su juicio, esa será la opción que tomen las empresas frente a otras alternativas, y defiende que los incentivos propuestos deben concentrarse especialmente en las pequeñas empresas y autónomos con trabajadores a su cargo.
En lo que respecta a la transformación del actual modelo productivo, IU apuesta por una estrategia global “que deberá contar con el respaldo de los interlocutores sociales” y ser “fruto del acuerdo de las fuerzas políticas”. IU considera que la política energética debe enmarcarse en dicha estrategia y rechaza la prolongación de la vida de las centrales nucleares.
El documento establece también la postura de IU sobre la llamada “ley Sinde”, cuyos elementos esenciales rechaza y con la cual considera que el Gobierno “pretende favorecer los intereses de las industrias de contenidos, rebajando notablemente las garantías democráticas en el uso de la red”.
Por otro lado, IU reafirma su posición con respecto a la reforma de las Cajas de Ahorro que se basa en la defensa de su intervención y su transformación en una Banca Pública. IU sostiene que la situación actual es “resultado de una enorme indolencia durante años en el cumplimiento de las competencias que sobre el sistema financiero español tiene el Banco de España, de la que es responsable político su Gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el cual debería dimitir”.
