Admitida la querella contra UGT por Fundescan
El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella penal de los trabajadores de la Fundación canaria para el desarrollo social (Fundescan) contra la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato del que depende esta fundación.
La demanda sostiene que Fundescan y UGT compartían una “caja única”, según afirmó el abogado de los trabajadores de la fundación, José Luis Gutiérrez. De esta manera, “UGT se presentaba a las convocatorias, pero el trabajo lo hacía Fundescan y, a la hora de presentar esos cursos presentaban justificaciones falsas”, denunció Gutiérrez.
Por estas prácticas, explicaban los trabajadores de Fundescan, la fundación tiene una deuda reconocida de nueve millones de euros y se encuentra actualmente bajo una administración concursal.
La querella señala a la antigua secretaria general de UGT y ex presidenta de Fundescan, Alicia Rodríguez, el actual presidente de Fundescan, José Lorenzo López, los dos últimos gerentes, José Montesdeoca y Carlos Alberto Ucha, y el actual secretario general de UGT en Canarias, Juan Francisco Fonte.
Confusión de empresas
El presidente del comité de empresa de Fundescan en Tenerife, Felipe Ortega, explicó que se observa una “confusión de empresas” ya que las directivas comparten identidad y que “Fundescan se configura desde el inicio como un apéndice del sindicato”.
Los trabajadores de Fundescan fundamentan su querella en que las subvenciones que se otorgaban para cursos de formación (principal labor de la fundación), servían para “cofinanciar de forma fraudulenta parte de los gastos del sindicato”.
Así, la querella señala diferentes “acciones de defraudación”, como la imputación de nóminas a Fundescan de personas que prestan servicios para UGT, el beneficio patrimonial del sindicato y la apropiación del sindicato de las subvenciones públicas de los planes de formación.
Según informó Gutiérrez, el juzgado no sólo ha pedido la personación de la Fiscalía en la causa, sino que también ha llamado a la Abogacía del Estado y a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias “porque puede haber malversación de fondos públicos”. Además, el abogado destacó que la querella ha sido admitida en un plazo muy rápido comparado a otras del mismo tipo.
