El Gobierno sacó de la quiebra a la Sociedad Pública de Alquiler en 2008
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El secretario general de Vivienda, Javier Eugenio Ramos Guallart, reveló este jueves que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) atravesó una situación de quiebra técnica a raíz de sus pérdidas en 2008 que superó gracias a una aportación de 8,5 millones de euros por parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).
“Que yo sepa, la sociedad no ha vuelto a estar en ningún tipo de quiebra técnica”, incidió Ramos ante la insistencia del diputado 'popular' Pablo Matos, durante su comparecencia ante la Comisión de Vivienda del Congreso para explicar la dotación presupuestaria de su departamento en 2010.
Esta aportación se produjo a través de una ampliación de capital, que ya ha sido desembolsada, si bien ni el director general ni la presidenta de la SPA, Nieves Huertas, precisaron el momento concreto en que se produjo.
Ramos Guallart negó que el hecho de presentar las cuentas de la política de vivienda para 2010 de forma consolidada en el proyecto de Ley de Presupuestos, sin que aparezcan desglosadas las cifras de la SPA, se deba a un ejercicio de ocultación, como se ha interpretado desde las filas del PP, sino a la nueva contabilidad aplicada a estas empresas públicas.
“Las cuentas de todo el Grupo Sepes se han convertido en un grupo consolidado según la ley mercantil”, afirmó el secretario general, quien recordó que la ley permite que las entidades que forman un mismo grupo, como es en este caso Sepes, Sepes Urbana y la SPA, pueden presentar presupuestos consolidados.
11.220 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
Por su parte, la presidenta de la SPA, Nieves Huertas, aseguró ante la misma Comisión que su organismo está participado al 100% por Sepes y no vió “mayor problema” sobre la consolidación de las cuentas, que supone una “práctica bastante habitual” entre las empresas privadas y responde a criterios de “operatividad”.
Huertas señaló que desde su creación en 2005, la SPA ha suscrito 11.220 contratos de arrendamiento, unos datos que, a su juicio, “no son malos” y se ajustan a sus objetivos de colaborar con los ciudadanos con mecanismos para fomentar el alquiler.
