Granadilla: un puerto concebido como enclave estratégico, paralizado por ecologistas
Desde que se ideara, hace más de 30 años, muchas han sido las voces a favor y en contra del puerto de Granadilla (Tenerife), infraestructura que en su momento se concibió como un enclave estratégico y que en la actualidad está paralizada por acción de los ecologistas.
El puerto se pensó como parada obligada en el tráfico de contenedores entre Europa, África y América y se ha convertido en una iniciativa que cada vez encuentra más trabas para su puesta en marcha.
La última piedra en el camino ha sido la paralización de las obras a causa del auto dictado el pasado 4 de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirmaba la suspensión cautelar de la desprotección del sebadal.
El sebadal es una planta marina que fue excluida del catálogo de especies amenazadas de Canarias mediante una orden de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario para poder poner en marcha las obras de construcción del puerto.
Con ese auto, el tribunal dio la razón a Ben Magec- Ecologistas en Acción, asociación que denunciaba que la descatalogación se había realizado con la única finalidad de iniciar las obras y que supondría un daño irreparable para la flora marina, argumento que contó con el apoyo de la comunidad científica canaria.
La sala reconocía que la relación causa-efecto entre la construcción del puerto y el peligro de destrucción de la especie “no ofrece dudas” y que el daño a la población de Cymodocea Nodosa (seba), es, como denuncian los ecologistas, inminente, cierto e irreversible.
En respuesta a este auto, el 11 de marzo los responsables de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno canario presentaron recursos de súplica contra el auto del juez, quién también había desestimado la petición que estos dos organismos para que Ben Magec aportara una fianza de 31 millones de euros por la paralización de las obras, que puede prolongarse entre seis meses y un año.
Esta no es la primera vez que se suspenden las labores de construcción de la infraestructura portuaria. Ya en octubre de 2007 el ayuntamiento de Granadilla dictaba un decreto por el que paralizaba las obras en Montaña Roja -que constituían un requisito de la Comisión Europea como medida compensatoria para la construcción del puerto- alegando que la Autoridad Portuaria carecía de la licencia municipal correspondiente.
El 26 de febrero de 2003, el Ministerio de Medio Ambiente emitía la declaración de impacto ambiental que daba luz verde a la puesta en marcha del proyecto, considerado entonces “ambientalmente viable”.
Sin embargo, durante estos años el puerto de Granadilla ha sido motivo de controversia en el Archipiélago. En abril de 2004, los representantes de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla presentaron una iniciativa legislativa popular respaldada por 56.087 firmas como oposición a la construcción de la infraestructura portuaria y a favor de la declaración de la Reserva Natural Especial del Litoral Noroeste de Granadilla.
Ésta se convertía en una de las propuestas con más apoyo ciudadano que hallaba respaldo en una orden emitida por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, la cual declaraba que el proyecto portuario no era conforme con la Directiva Hábitat y afectaba a zonas protegidas y especies amenazadas.
Pese a ello, en enero del siguiente año, el Parlamento de Canarias rechazaba la tramitación de la iniciativa argumentando que la documentación no justificaba su declaración como espacio protegido.
Objeto de batalla política
Envuelto en la polémica y objeto de batalla política, el proyecto del puerto siguió adelante con el beneplácito del Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión Europea, que le dio el visto bueno en noviembre de 2006.
El último golpe de efecto que apuntaba hacia la materialización del proyecto fue la descatalogación del sebadal, llevada a cabo por la Consejería de Medio Ambiente.
El catálogo de especies protegidas de Canarias señala que sólo pueden desprotegerse especies con fundamento a la información técnica o científica que así lo aconseje.
En base a ello el Ejecutivo autonómico encargó a sus técnicos un informe para valorar la polémica descatalogación. En el documento, firmado el pasado 26 de enero, el jefe de servicios de Biodiversidad del Gobierno canario, José Martín Esquivel, afirmaba que la acción “no obedece a razones o motivos relacionados con la biología de ésta o cualquiera otra especie y no existen razones biológicas ni de conservación de la especie que justifiquen la descatalogación”.
Pese a los resultados del informe el Gobierno optaba directamente por la descatalogación y activaba la maquinaria para poner en marcha el inicio de las obras.
El consejero de Medio Ambiente, Domingo Berriel, afirmaba a finales de enero de este año que una parte significativa de los sebadales sería trasplantada a otras zonas y que la cantidad afectada por la construcción del puerto sería “mínima”.
Sin embargo, un informe elaborado por investigadores de la Universidad de La Laguna afirmaba que con la construcción del puerto se verían afectadas, además de la población de sebadales, al menos 53 especies protegidas como la estrella de mar canaria, la tortuga boba o el caballito de mar, así como la piña de mar -en peligro de extinción- y otras especies endémicas de aves que se verían afectadas por la destrucción de su hábitat.
Para sus defensores el puerto de Granadilla constituye una apuesta por el progreso y un vehículo hacia el desarrollo que permitiría a la isla desvincularse en cierto modo de la dependencia del sector turístico.
En cambio, sus detractores lo consideran una inversión injustificada en obra pública, unos 320 millones de euros, para la que existiría una alternativa, intensificar la capacidad del puerto de Santa Cruz.
