Los hijos podrían contar para completar la pensión
La reunión de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo de este martes se ha centrado en la discusión de las propuestas presentadas por PP, CiU, PNV y ERC-IU-ICV para ajustar el esfuerzo contributivo a las “cotizaciones reales” y la pensión percibida de forma que se tenga en cuenta el número de hijos para “complementar” el periodo de cálculo necesario para acceder al derecho a una pensión.
El portavoz popular en la Comisión, Tomás Burgos, explicó a los periodistas tras la reunión que la propuesta busca tener en cuenta el principio de “cotización demográfica”, habida cuenta de que el “esfuerzo” de tener hijos aporta cotizantes al sistema, máxime en un momento en el que la reforma del sistema se hace necesaria para hacer frente al envejecimiento de la población.
En principio, los grupos plantean que se limite a mujeres de más de tres hijos y se inspire en el sistema que se aplica en países como Francia, donde cada hijo cuenta por dos años cotizados, si bien Burgos precisó que no se trata de sustituir cotización por trabajo por cuidado de los hijos.
En concreto, lo que plantea la propuesta es que si una mujer no ha cotizado los quince años que se exigen ahora como mínimo para percibir una pensión contributiva, por cada hijo que tenga se le compute un tiempo que, en el caso de Francia, son dos años por cada vástago.
Por su parte, la diputada del PSOE Isabel López i Chamosa señaló que su partido no ve con malos ojos la idea, si bien hay que “perfilar” su contenido y destacó que en estos momentos todavía no se ha cerrado un acuerdo sobre la cuestión.
Servicio militar y objeción, también
Otra alternativa que se ha propuesto en la Comisión fue incrementar el peso que el servicio militar supone a la hora de computar como periodos cotizados, de forma que cuenten para la jubilación general y no sólo para la anticipada, como hasta hora, al tiempo que se incluye la prestación social sustitutoria.
Sin embargo, López i Chamosa ha descartado el apoyo del PSOE a esta medida por su elevado coste, que ni siquiera ha sido estimado aún, si bien expresó su disposición a pedir al Ministerio de Trabajo y a la Seguridad Social que elaboren un informe acerca del impacto de esta posibilidad.
