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Las asociaciones de El Silbo y Ossinissa piden ceses en el Gobierno "por dejar caducar 155 Bienes de Interés Cultural"

"Se han servido de un malabarismo legal, presuntamente constitutivo de un delito penal, que también será llevado ante los tribunales"

"La sentencia a la que se agarran es posterior a la entrada en vigor de la norma que protege los BIC. Además, el objeto de la sentencia no es hacer caducar los BIC ni las disposiciones transitorias de la nueva Ley"

Silbo herreño y silbo gomero

Ambas asociaciones consideran que detrás de la "maniobra" del Gobierno de Canarias están las presiones de Casimiro Curbelo.

La Asociación para la Investigación y Conservación del Silbo Herreño y la Asociación Cultural y Ecologista Ossinisa solicitan el cese inmediato de la consejera de Educación, María José Guerra (PSOE), y de la Directora General de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera (Sí Podemos), por haber forzado la caducidad de 155 Bienes de Interés Cultural (BIC) dejándolos en una situación de desprotección jurídica.

Entienden que esto lo ha hecho el Gobierno de Canarias para no cruzar una de las líneas rojas impuestas por Casimiro Curbelo (ASG): la inminente declaración de BIC del silbo herreño, el único de los 155 que se encontraba en fase de aprobación definitiva.

Una sentencia del Tribunal Constitucional, que anula un inciso de la vieja Ley 4/1999 de Patrimonio histórico de Canarias derogada desde el 13 de junio de 2019, "le ha servido de pretexto al Gobierno para saltarse las disposiciones transitorias de la nueva Ley 11/2019 de Patrimonio cultural de Canarias, llevando a cabo un auténtico 155 contra el poder legislativo. Este malabarismo legal, presuntamente constitutivo de un delito penal, también será llevado ante los tribunales".

Ambas asociaciones recuerdan que cuando en 2017 el Gobierno comenzó a trabajar en la nueva Ley 11/2019 de Patrimonio cultural de Canarias, informó a los Cabildos de que se iba a modificar el régimen de caducidad de los Bienes de Interés Cultural. Así, el artículo 21.2 de la vieja Ley 4/1999 de Patrimonio histórico de Canarias estimaba necesaria una denuncia previa para hacer caducar cualquier BIC. Sin embargo, con la nueva Ley, se imponía una caducidad automática basada en plazos.

Los cabildos, temiendo que la nueva Ley pudiera hacer caducar automáticamente los BIC pendientes de declaración, solicitaron incluir en la futura Ley un plazo de caducidad de 24 meses para poder tramitarlos. Por este motivo, la nueva Ley 11/2019 recogió en sus disposición transitoria quinta que "Los procedimientos incoados para la declaración de un bien de interés cultural con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley que se encuentren en fase de instrucción por los cabildos insulares, caducarán de forma automática, si no se concluyera el periodo de instrucción en el plazo de veinticuatro meses, desde la entrada en vigor de la presente ley".

En consecuencia, los BIC que estaban en fase de tramitación disponían un plazo de 24 meses para resolverse. Como la norma entró en vigor el 13 de junio de 2019, el plazo de caducidad se prolongaba hasta el 13 de junio de 2021.

A pesar del marco jurídico de protección que preveía la nueva Ley, el Gobierno de Canarias se sirvió de una sentencia del Tribunal Constitucional para hacer caducar estos 155 BIC.

La sentencia se resolvió el 28 de noviembre de 2019 y entró en vigor a partir del día 6 de enero de 2020 con su publicación: "como puede observarse en el párrafo anterior, la sentencia es posterior a la entrada en vigor de la norma que protege los BIC. Además, el objeto de la sentencia no es hacer caducar los BIC ni las disposiciones transitorias de la nueva Ley".

Lo que hace exclusivamente es "declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 21.2 de la Ley de Patrimonio histórico de Canarias en este punto: «Transcurrido este plazo se podrá denunciar la mora por cualquier interesado. Una vez denunciada la mora, la administración actuante dispondrá de dos meses para concluir el expediente y elevarlo al Gobierno de Canarias para la declaración del bien de interés cultural, la que deberá producirse en el plazo de dos meses a partir de la recepción».

Como puede deducirse de este extracto, "la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 21.2 de la vieja Ley 4/1999, de Patrimonio histórico de Canarias: el que establecía el régimen de caducidad de los BIC antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 11/2019. Además, debe observarse, que no se declara inconstitucional y nulo todo el apartado 2 de la vieja Ley 4/1999, sino únicamente un inciso".

El Tribunal Constitucional no hace ninguna mención a los BIC en tramitación ni decreta su caducidad. Simplemente, anula la forma que tenían de caducar los expedientes BIC antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 11/2019 de Patrimonio cultural de Canarias.

Es decir, que "la sentencia del Constitucional solo reconoce la inaplicación de un artículo de la vieja Ley 4/1999, que ya de por sí estaba derogado por el régimen transitorio de la nueva Ley 11/2019, que entró en vigor el 13 de junio de 2019 (seis meses antes). Por lo tanto, el régimen de protección cautelar de 24 meses, necesario para tramitar los 155 expedientes, no solo aplicaba antes de la publicación de la sentencia, sino que era compatible con la misma, pues ambas reconocen la caducidad automática".

Igualmente, cabe resaltar que el alto tribunal, teniendo la capacidad de ampliar el razonamiento de su sentencia y extender su nulidad, no entró a valorar las disposiciones transitorias de la nueva Ley ni analizó ninguna consecuencia para los 155 BIC en tramitación.

De todo lo expuesto "puede deducirse que el Gobierno de Canarias ha inventado un supuesto jurídico inexistente, contraviniendo la división de poderes. Han causado la inaplicabilidad de las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la nueva Ley, dejando totalmente desamparados los 155 BIC pendientes de tramitación".

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