La Audiencia Nacional archiva el caso Banca Cívica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha archivado la causa en la que investigaba la fusión y salida a bolsa de Banca Cívica, grupo en el que se integró Caja Canarias, porque fue “fundamentalmente sólida”, aunque sí ha apreciado operaciones de Caja Navarra “cuestionadas de amiguismo” que pudieron llevar a la “dilapidación” de su solvencia.

En un auto, el magistrado ha remitido las actuaciones sobre Caja Navarra al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona para que investigue los hechos, que en todo caso no son competencia de la Audiencia Nacional por no haber supuesto un perjuicio para la economía nacional.

Velasco sospecha que hubo irregularidades en varias operaciones que podrían haber supuesto “la presunta dilapidación de la solvencia de Caja Navarra, sacrificando recursos, realizando inversiones inmobiliarias cuestionadas de amiguismo o nepotismo” en el nombramiento de empresas participadas o “falseando las contabilidades de los ejercicios 2007-2009”.

También realizando inversiones o actuaciones “muy sospechosas, afectantes a la solvencia y patrimonio neto de la entidad, comprando terrenos a precios desorbitados, haciendo nombramientos cuestionables, negligencias y derroches de recursos públicos, etc”.

Por el contrario, ha decidido archivar las denuncias de UPyD y la asociación Kontuz! por delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económico financiera contra los consejeros de la entidad porque la constitución de Banca Cívica fue “fundamentalmente sólida” y su proyecto de integración “consistente y variable”.

Además, señala, de acuerdo con el informe pericial elaborado por el Banco de España, que llegó a su Juzgado la semana pasada, que los equipos directivos de las cajas integrantes -Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol- tenían una “capacidad satisfactoria y adecuada” y disponían de una “experiencia probada en el sector”.

Según Velasco, los ajustes puestos en marcha por la entidad no implicaron que su contabilidad fuera “incierta” ni que estuviese “maquillada” para “engañar a la Administración ni a los usuarios”, y sostiene que el erario público no sufrió pérdidas con motivo del préstamo de 977 millones que recibió del FROB, el fondo de rescate, puesto que se devolvió con intereses superiores a los comerciales.

Tampoco sufrieron prejuicio, prosigue el juez, los preferentistas, puesto que pasaron a ser accionistas de CaixaBank y quedaron “sometidos a fluctuaciones bursátiles mucho más benévolas que en épocas anteriores”.

Finalmente, argumenta que la dotación de 3.850 millones de euros aportados como ajustes por Caixabank al absorber Banca Cívica “no se deben a la cobertura de pérdidas ocultas”, sino que en gran medida -2.097 millones- vino determinada por las nuevas exigencias derivadas de las dos reformas financieras aprobadas por el Gobierno en 2012.

El magistrado ha adoptado así los criterios de los dos peritos del Banco de España que elaboraron el informe en el que el supervisor garantizaba que no hubo irregularidades ni incumplimiento de la normativa en el estreno bursátil de Banca Cívica ni en su posterior absorción por parte de CaixaBank.

Velasco admitió a trámite las denuncias contra los consejeros de Banca Cívica en marzo de 2013, pero dejó en manos del citado Juzgado de Pamplona la investigación sobre las dietas de Caja Navarra (CAN), que terminó dando carpetazo al asunto después de que el Supremo archivara el verano pasado las actuaciones abiertas contra la presidenta de la Comunidad Foral, Yolanda Barcina.