Rosa se querella contra dos técnicos del Plan Insular
El empresario Juan Francisco Rosa, a través de sus sociedades Salmepa y Hotel Princesa Yaiza, se ha querellado contra los técnicos de la Oficina del Plan Insular de Ordenación (PIO) Esteban Armas y Leopoldo Díaz, que han emitido informes desfavorables dentro del proceso de ejecución de sentencia que se sigue sobre los hoteles Princesa Yaiza y Son Bou, de su propiedad, declarados ilegales.
La querella se presentó el pasado 12 de noviembre y le ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife. Se acusa a los técnicos de desobediencia, prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. El querellante se ratificó en su denuncia el pasado 5 de enero y los querellados tendrán que ir a declarar el próximo 21 de enero.
Rosa ya pidió el pasado mes de agosto al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que apartara a estos dos técnicos de los procedimientos de sus hoteles por “enemistad manifiesta”, alegando que no le habían contestado a su solicitud de construir un campo de golf en Playa Blanca. La petición fue desestimada.
Argumentos
El empresario basa su querella en el hecho de que Armas es vicepresidente de la Fundación César Manrique (FCM) y Díaz fue secretario hasta 2001 y considera que ambos debían haberse abstenido de informar en esos procedimientos ya que la ejecución de sentencia la solicita la Fundación César Manrique, que se unió al pleito iniciado por el Cabildo de Lanzarote contra la licencia de esos dos hoteles y de una veintena más, ejerciendo la acción pública.
La querella considera que los informes de los técnicos son esenciales para las decisiones que debe adoptar el Cabildo de Lanzarote, ya que para poder ser legalizado el hotel debe obtener la autorización turística prevista, que otorga el Cabildo y que no ha concedido a las empresas de Rosa porque los proyectos incumplen la normativa del Cabildo.
Para reforzar la querella, además de una gran cantidad de documentación, Rosa aporta las sentencia del Juzgado de lo contencioso número 3 de Las Palmas, anulando un concurso del Cabildo para la redacción del Plan Territorial Especial (PTE) porque intervinieron Díaz y Armas, y que se adjudicó a la empresa de Fernando Prats que a su vez había trabajado con la FCM.
Petición admitida
También se cita el caso de la empresa Urena Mountain, representada por el empresario Díaz de Aguilar, que solicitó al Juzgado que apartara a estos técnicos por su pertenencia a la FCM del procedimiento de ejecución de sentencia por la licencia anulada a esa empresa. El Juzgado admitió la petición.
Después de intentar por varios medios apartar a estos dos técnicos de los procedimientos de ejecución de sentencia sobre hoteles, que solicitó la FCM, mientras que el Cabildo no lo ha hecho, Rosa ha optado por una querella. Según el artículo 28.2.a de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, será causa de abstención de los funcionarios “tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado”.
De este modo, mientras se mantenga viva la querella en el Juzgado, los técnicos tendrían pendiente esta causa con el empresario y no podrían intervenir en los procedimientos relacionados con sus empresas. Los informes los tendrían que hacer otros técnicos, como en el caso de Urena Mountain. En ese procedimiento, los informes de otros técnicos también fueron desfavorables para la empresa.
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