La patronal turística vuelve a mostrar su rechazo al “modelo agotado de la moratoria”
La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha reiterado este miércoles su oposición “con absoluta rotundidad” a la limitación a la construcción de más hoteles de la Ley de Renovación Turística, que opina “aboga por un modelo absolutamente agotado de moratoria”.
Una moratoria que “tiene un efecto pernicioso, no solo en el sector, sino en sectores vinculados al turismo”, sostiene dicha patronal en un comunicado que ha difundido para expresar su posición respecto a la referida norma, por considerarlo “oportuno ante el reiterado cruce de información y diversidad de opiniones procedentes especialmente de las distintas fuerzas políticas de Canarias”.
En ese contexto, la FEHT subraya su interés en recordar que ya en otras ocasiones “ha manifestado de forma reiterada que este instrumento resulta especialmente lesivo a los intereses turísticos de Gran Canaria, habida cuenta de que la isla no ha desarrollado plenamente su modelo turístico, al contrario de lo que sucede con otras”.
Y, desde ese parecer, sentencia que “resulta intolerable que se mutilen las posibilidades de inversión y de crecimiento económico de Gran Canaria” por la aplicación de la denominada Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.
Una norma que rechaza con el argumento de que, “ante la actual coyuntura económica y social en que se desenvuelve la economía canaria, la industria turística exige una legislación no intervencionista, que tienda a la reducción de las cargas económicas y trabas burocráticas para los empresarios y para los inversores que apuesten por el sector”.
Puesto que, “aún cuando el fin primordial de la citada ley sea la renovación de la planta de alojamiento turístico, ello ha de hacerse sin ahuyentar la inversión y sin margen a la inseguridad jurídica, todo lo contrario de lo que plasma esta ley”, se asegura en el escrito de la FEHT, firmado por el presidente de dicha organización, Fernando Fraile.
Quien añade que su patronal aboga por una normativa “más permisiva en cuanto a la cualificación de los establecimientos”.
“Para ello -prosigue-, la propia Ley debería arbitrar un sistema en virtud del cual se pueda materializar nueva oferta turística, con independencia de su clasificación administrativa, en tanto estos nuevos proyectos lleven incorporados aspectos de carácter objetivo que les confieran un claro incremento de calidad”.
Elementos como la mejora de las condiciones de ahorro energético y la introducción de energías renovables, señala.
Y concluye: “Sin un cambio normativo que contemple la posición expresada, la moratoria corre peligro de perpetuarse, y con ello, la inaceptable pérdida de las posibilidades de que Gran Canaria desarrolle su modelo turístico, además de reforzar nuestra convicción de que los legisladores actuales han perdido definitivamente todo atisbo de objetividad e imparcialidad”.
