Canarias define la suspensión de la consulta como una “excusa” para no conocer la opinión de la sociedad
El Gobierno de Canarias ha considerado que el Ejecutivo central ha buscado excusas jurídicas para impedir que la sociedad canaria se pronuncie sobre la incidencia de los sondeos petrolíferos en el medioambiente y en el turismo de las Islas.
Esta consideración del Gobierno autonómico se produce tras la decisión del pleno del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la consulta convocada para el 23 de noviembre sobre las prospecciones petrolíferas, al admitir a trámite el recurso que interpuso el Ejecutivo central al considerar que se invaden competencias del Estado.
El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos, ha dicho que la suspensión de la consulta, que ya el Gobierno de Canarias había paralizado cuando se anunció el recurso de inconstitucionalidad, está motivada por una decisión política del Gobierno de Mariano Rajoy.
“Obviamente la consulta queda suspendida”, ha afirmado Ríos, quién no obstante ha mostrado su convencimiento de que cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo de este asunto, hecho que ocurrirá en unos cinco meses, dará la razón al Gobierno de Canarias sobre la legalidad de la consulta.
Hasta entonces, ha agregado el representante del Gobierno de Canarias, el Ejecutivo autónomo utilizará todos los mecanismos que están a su alcance para impedir que se realicen los sondeos en aguas cercanas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Ríos ha recordado que está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre la petición de que los sondeos sean suspendidos de forma cautelar hasta que se analice a fondo el asunto.
El Gobierno de Canarias espera que este pronunciamiento se produzca en las próximas semanas antes de se inicien los sondeos previstos por Repsol para finales de noviembre.
Además Ríos se ha referido al encuentro mantenido por representantes de los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote con el director general de Medio Ambiente de la Unión Europea, Kart Falkenberg, en el que, según manifestaron las corporaciones insulares, les aseguró que se iniciaría una investigación sobre la autorización para iniciar los sondeos.
