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Canarias no ve escollos legales para la consulta sobre los sondeos

Fernando Ríos dice que el referéndum sólo exige "voluntad política".

El Gobierno responde a Sáenz de Santamaría sobre el conflicto competencial: ''Canarias tiene competencias en Turismo y Medio Ambiente".

Santiago Pérez califica la propuesta de "maniobra interesada" y la vincula a las disputas por el liderazgo en CC.

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Plataforma petrolífera en la capital grancanaria

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"No hay ningún problema legal ni constitucional, es sólo voluntad política". Así resumía este martes Fernando Ríos, Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales del Gobierno de Canarias, los escollos que debe afrontar el Ejecutivo regional para sacar adelante la consulta popular que ha impulsado en relación a las prospecciones petrolíferas proyectadas por Repsol frente a las costas de las Islas.

Tras el golpe de efecto dado este lunes por Paulino Rivero con el anuncio del referéndum, las primeras reacciones desde el Gobierno de España evidencian que esta iniciativa tiene pocos visos de prosperar. Los ministros Miguel Arias Cañete y José Manuel Soria, así como la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, ya han advertido a Canarias que las Comunidades Autónomas sólo pueden someter a consulta ciudadana aquellos asuntos sobre los que tienen competencias.

Fernando Ríos sostiene, en cambio, que el Gobierno regional sí tiene competencias en Turismo y Medio Ambiente, áreas que "se van a ver afectadas por los sondeos", lo que justificaría, en su opinión, la celebración del referéndum. "Es el mismo argumento que está utilizando el Gobierno balear y el PP de esa región para rechazar las prospecciones", asevera.

Según la Ley Orgánica de 1980 sobre la regulación de las distintas modalidades de referéndum, la autorización es competencia exclusiva del Estado, aunque otras administraciones pueden solicitar permiso al Consejo de Ministros para consultar a los ciudadanos "decisiones políticas de especial trascendencia".

El primer paso que dará el Gobierno de Canarias en los próximos días es elevar un requerimiento al Parlamento regional para que éste respalde la propuesta y solicite autorización a las instituciones estatales para la consulta popular. Este trámite requiere una mayoría absoluta en la Cámara que, en principio, está garantizada por el pacto CC-PSOE y por NC, que ya ha anunciado que votará a favor del referéndum.

A partir de ese momento, todo el proceso queda en manos del Gobierno central. "Los plazos dependen de la autorización del Estado. Es la primera vez que se plantea una consulta de este tipo sin que sea estatutaria , pero lo normal es que sea el presidente del Gobierno quien dirija el requerimiento al Congreso de los Diputados", explica Ríos, que es también profesor asociado de Derecho Consyiyucional en la Universidad de La Laguna.

La mencionada Ley Orgánica sobre la regulación de los referéndums estipula que estas consultas no se pueden celebrar en el periodo compendido entre los 90 días anteriores y los 90 posteriores a unas elecciones. Con los comicios europeos del 25 de mayo, el referendúm no podrá tener lugar hasta, al menos, el 23 de agosto. Ríos reclama, no obstante, una interpretación "flexible" de esta norma.

"Nuestra percepción es que el PP buscará excusas para decir que no, pero estamos convencidos de que la consulta es legal, constitucional y democrática. ¿Por qué no van a querer que los ciudadanos se manifiesten sobre su futuro?", ha concluido Ríos.

''El peor escenario para una consulta''

Santiago Pérez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna y concejal de la coalición Por Tenerife en este municipio, considera que el actual es "el peor escenario político para que se autorice una consulta en regla".

"Todo el sistema político tiene una actitud de recelo frente a las consultas populares. Desde la transición hay posiciones nacionalistas que son partidarias del derecho a la autodeterminación. De hecho, actualmente hay otra consulta en ciernes, que es la soberanista de Cataluña. Si se autorizan para una materia, es muy difícil no autorizarlas para otras, aunque no haya objeciones de principios en el sistema constitucional", subraya el que fuera portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias.

Para Pérez, la consulta promovida por el Gobierno de Canarias es "un regate político, una maniobra interesada que no responde a una defensa comprometida" del medio ambiente y que se puede leer "en clave interna de CC y sus disputas por el liderazgo de la formación, con el PSOE en su sorprendente papel de acompañamiento en segunda fila".

El actual concejal lagunero recordó que hace casi tres legislaturas, siendo portavoz socialista, fue "el primero que plantó cara al petróleo en una época en la que CC era cómplice con respecto a las prospecciones". "Ahora se constituye en un abanderado de la defensa del medio ambiente el mismo que perpetró el mayor atentado en materia de biodiversidad de estas islas", ha manifestado Pérez en alusión a Paulino Rivero y el catálogo canario de especies.

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