Drago Canarias asegura que los trabajadores del hotel Oliva Beach han recibido presiones

Drago Canarias ha afirmado este martes que varios trabajadores del hotel Riu Oliva Beach de Corralejo, en el norte de Fuerteventura, han recibido presiones tras la orden de demolición del Ministerio de Transición Ecológica. La formación política ha hecho esta advertencia en un comunicado tras haber recibido testimonios de varios trabajadores del hotel que aseguran haber recibido presiones para sumarse a un escrito en contra del expediente de caducidad de la concesión al complejo y la consiguiente orden de demolición dictada por el Ministerio de Transición Ecológica.

La formación asegura que el escrito de alegaciones presentado por un colectivo de trabajadores del complejo, en el que se reiteran las alegaciones ya planteadas por la empresa y en el que se asegura representar la voluntad de los empleados del hotel, solo ha sido firmado por menos de la mitad de la plantilla, que está formada por en torno a 400 empleados.

Según la portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura, Aceysele Chacón, “muchos de los trabajadores no se sienten libres de expresar abiertamente su opinión” y “el hecho de que el escrito haya sido firmado por menos de la mitad de los trabajadores indica claramente que la mayor parte de la plantilla del Oliva Beach entiende que si el hotel ha incumplido la concesión debe hacerse responsable”.

“Este expediente ha estado más de veinte años en trámite y la empresa ha tenido tiempo más que suficiente para enmendar sus errores, pero ha preferido mantener en explotación los hoteles situados dentro del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, hecho que, por otro lado, nunca debió producirse”, ha denunciado Chacón.

Además, ha recalcado que “han alargado la batalla jurídica todo lo que han podido, con querellas ya desestimadas e, incluso, llegando a utilizar a los trabajadores para defender sus intereses y continuar lucrándose a costa de nuestro suelo”.

A juicio de Chacón, “resulta indignante y oportunista que las distintas administraciones canarias defiendan el complejo turístico con la excusa de mantener los puestos de trabajo”.

Ha hecho hincapié en que “desde el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva no se haya velado por los derechos de esas personas trabajadoras que pueden perder su trabajo, garantizando una transición justa para todas ellas, ofreciendo soluciones reales”.

Sin embargo, en su lugar, las administraciones institucionales en Canarias “han primado el interés de la empresa multinacional que, de acuerdo con la resolución, se habría saltado deliberadamente las condiciones de la concesión”, recalca.

Chacón ha recordado que “la sentencia que obliga a la demolición del hotel Oliva Beach se sustenta en hechos muy graves, entre ellos la construcción y venta de una veintena de apartamentos en suelo público”.

“También se realizaron obras de rehabilitación y mantenimiento cuando previamente existía una licencia de demolición de las instalaciones no contempladas en la concesión, se realizó un vallado perimetral que impedía acceder al espacio público y se constató en una inspección que la desaladora no estaba desechando correctamente el rechazo de salmuera generado y que ninguna de las dos depuradoras estaba en funcionamiento”, asevera.

La portavoz de Drago Canarias en Fuerteventura ha reconocido el esfuerzo de asociaciones ecologistas como Agonane y Turcón, pertenecientes a la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, por “seguir este caso y personarse en la causa en búsqueda de justicia y protección del entorno, que es de todos”.