Aumenta el número de ejecuciones, pero desciende el de condenas a muerte

NUEVA YORK, 20 (EUROPA PRESS)

La cifra de ejecuciones en 2009 ha aumentado con respecto al año anterior en Estados Unidos, pero el número total de penas de muerte dictaminadas este año será de 106, un mínimo histórico desde la reinstauración de la pena de muerte, en 1976, según la proyección elaborada por el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

En total, en Estados Unidos se ha ejecutado a 52 de los 3.279 presos que se encontraban en el “corredor de la muerte” el 1 de julio de 2009, frente a los 98 ejecutados en 1999. Mientras que las condenas a pena de muerte se redujeron un 63 por ciento desde las 328 de 1994.

Esta tendencia decreciente en el número de condenas a muerte ha sido especialmente significativa en Texas, territorio en el que se han registrado históricamente un mayor número de ejecuciones. Durante la década de 1990, Texas dictaminaba un promedio de 34 muertes anuales, frente a las nueve condenas de 2009.

En Virginia, otro de los estados con mayor número de condenas y ejecuciones per capita, sólo una persona ha sido condenada a muerte en 2009. Los juristas y fiscales de Virginia citan varios factores que explican esta reducción, tales como las sentencias del Tribunal Supremo que prohíben la ejecución de menores y enfermos mentales.

También aseguran que ha habido un descenso en el número de crímenes violentos, el miedo de los jurados a condenar a un inocente o las reticencias de los fiscales a las consecuencias para el erario público de pedir sentencias de muerte en un momento de recortes presupuestarios.

DESCENSO DE LOS ASESINATOS

“La opinión pública en general apoya más el endurecimiento de los castigos cuando se siente menos segura y menos cuando se siente menos segura”, explicó el profesor de Derecho y Psiquiatría de la Universidad de Virginia Richard J. Bonnie. “He detectado la preocupación de la gente por su seguridad, centrada en el terrorismo, más que en el crimen doméstico”, dijo.

El fiscal del condado Prince William de Virginia, Paul B. Ebert, uno de los más acérrimos defensores de la pena de muerte, indicó que aprecia un descenso en el número de asesinatos con multitud de agravantes. La fiscalía de Ebert pidió la pena capital para cuatro presos que están actualmente en el corredor de la muerte y dos de los ejecutados este año fueron acusados por Ebert.

“La tasa criminal está descendiendo y creo que, hasta cierto punto, es gracias a que existe la pena de muerte”, declaró. La mayoría de los asesinatos en los que ha intervenido su fiscalía fueron por drogas o violencia doméstica, unos casos que, explicó, son menos propicios para la pena capital.

Ebert indicó que también existen motivos prácticos, en especial el recorte presupuestario, defendido, según dijo, por otros fiscales del estado como argumento para la menor petición de penas de muerte. “Consideran que no cuentan con el personal suficiente como para asumir las largas, largas audiencias”, dijo.

DOCTRINA DEL SUPREMO

Todo converge en el Tribunal Supremo, donde los jueces siguen invirtiendo gran parte de su tiempo en las apelaciones en casos de pena de muerte. “Todos estos casos se van a llevar hasta el final por la vía de los tribunales y tienen un recorrido tan largo que generan muchas oportunidades” para que se comentan errores, indicó por su parte un profesor de Derecho experto en sentencias de la Universidad del Estado de Ohio, Douglas A. Berman. “Y no simples errores, sino el tipo de errores a los que el Supremo presta atención”, explicó.

De las nueve opiniones dictaminadas en el curso judicial iniciado en octubre, cinco eran por apelaciones a penas de muerte. En cuatro de estos casos, el Supremo sentenció con su habitual evocación a informes detallados y declaraciones orales para revocar las sentencias de los tribunales inferiores. En la mayoría de los casos, las sentencias fueron favorables a la Fiscalía.

Sin embargo, en un caso significativo, el Supremo abrió la puerta a los veteranos del Ejército para que se atribuyan sus crímenes al Síndrome de Estrés Postraumático. Los jueces del Tribunal Supremo dictaminaron por unanimidad en el caso Porter contra McCollum que un abogado incurrió en negligencia por no presentar al jurado pruebas de la valentía de su cliente durante la guerra, pese a que habían pasado 30 años desde su regreso de Corea hasta el asesinato de su ex novia y su novio.

El Supremo también ha emitido este año una curiosa orden a un tribunal federal para que tome en consideración las alegaciones de inocencia de Troy Anthony Davis, un individuo condenado a pena de muerte en Georgia que sostiene a través de una amplia campaña que ha sido culpado injustamente de asesinato y que la legislación federal le impide presentar las pruebas que lo demostrarían.

Berman y la directora de la Clínica para la Pena de Muerte de la Facultad de Derecho de Berkeley de la Universidad de California, Elisabeth Semel, tiene sentido que el Supremo, generalmente dividido en cuestiones sobre pena de muerte, aproveche la oportunidad de presentar un frente unido en casos con pena de muerte en juego en los que haya errores y sean así valorados por todos los integrantes del tribunal.

Los jueces del Supremo Antonin Scalia y Clarence Thomas apoyan la pena de muerte sin fisuras, mientras que el juez John Paul Stevens sostiene que este tipo de condenas no funcionan, pero “ambas partes velan con celo en los casos que están en los extremos”, explicó Berman.

Esto se cumple con especial frecuencia cuando los casos proceden del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, responsable del oeste del país, supuestamente más favorable a los acusados, o de los circuitos 5º o 11º, que corresponden al sur, criticados por todo lo contrario.

El Sur es donde hay más condenas y ejecuciones. Casi el 90 por ciento de las 52 ejecuciones de 2009 fueron llevadas a cabo en esta parte del país, la mitad sólo en Texas. Sólo hubo 38 ejecuciones en este estado en 2008, pero fue por la instauración de una moratoria 'de facto' debido a que tenían que esperar al dictamen del Supremo sobre el método de la inyección letal.