Condenan a 25 años de prisión al último presidente de la dictadura argentina
BUENOS AIRES, 20 (EUROPA PRESS)
La Justicia argentina condenó este martes a 25 años de prisión al último presidente de la dictadura militar, Reinaldo Bignone (1982-1983), por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, junto a otros seis militares. En concreto se le imputa la desaparición de más de 30.000 personas y el robo de unos 500 bebés cuyas madres fueron obligadas a dar a luz en centros de detención clandestinos.
Durante su alegato final ante el Tribunal de San Martín que ha juzgado el caso, el dictador de 82 años reconoció que en la década de los años 70 hubo una “guerra irregular” en la que las Fuerzas Armadas “tuvieron que intervenir para derrocar al terrorismo”.
“Que fue una guerra nadie puede negarlo” dijo Bignone minutos antes de que se conociera la sentencia en un discurso de 40 minutos en el que puso en duda que los delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo por los que se le ha condenado incluyeran la cifra de 30.000 desaparecidos y 500 bebés robados.
“Se machaca con la cifra de 30.000 desaparecidos y hasta una jueza de la Corte figura en un listado, a esa cifra la dejaron asentada como verdad incontrastable y nunca se demostró más de 8.000, y se barajan 500 robos de bebes pero no llegan a los 30 y ninguno cometido por personal militar”, insistió.
Asimismo, Bignone consideró que el término de represor con el que se le suele citar no es “descalificante” ya que, en su opinión, no hay que olvidar que “la autoridad tiene el deber de reprimir los delitos de cualquier tipo”. En cambio, si interpretó como peyorativa la palabra genocida al señalar que lo ocurrido en Argentina durante su mandato “no se ajusta en lo más mínimo a la definición internacional del delito de genocidio”. “Solo voceros del odio pueden sostener esto”, agregó.
Tras estas matizaciones, el ex mandatario argentino asumió su responsabilidad por todas las órdenes que impartió a sus subordinados porque “fueron legítimas” ya que “en la Justicia militar existía hasta la pena de muerte para la desobediencia”.
Por su parte, Santiago Omar Riveros, otro de los imputados, siguió el ejemplo de Bignone y se hizo cargo de su responsabilidad e instó a los magistrados a dictar veredicto “con el pensamiento puesto en este año de Bicentenario, propicio para la unión y la paz de todos los argentinos”. Mientras, Jorge García desconoció la autoridad del tribunal para juzgarle y Eugenio Perello prefirió no pronunciarse.
