La Haya dicta dos órdenes de detención por los crímenes de Darfur
La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este miércoles que ha emitido órdenes de detención contra el ex viceministro del Interior de Sudán, Ahmad Mohamed Harun, y el líder de la milicia Yanyauid, Ali Kushayb, acusados de 51 cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos en la región sudanesa de Darfur.
Se trata de las primeras órdenes de arresto que la CPI publica en relación con presuntos crímenes de guerra en Darfur, después de que el pasado febrero el fiscal Luis Moreno Ocampo anunciara las acusaciones contra los dos sudaneses, indicaron fuentes de la Oficina de Información de la Corte.
La CPI informó este miércoles en un comunicado que prepara una solicitud de cooperación a las autoridades sudanesas para arrestar a los acusados.
En febrero el gobierno sudanés afirmó que no es competencia de la Corte Penal Internacional juzgar a ciudadanos sudaneses, aunque un mes después anunció que volvería a interrogar a Harun, ahora ministro de Asuntos Humanitarios, sobre las acusaciones.
Según los fiscales, Ahmad Mohamed Harun reclutaba y buscaba fondos para la milicia Yanyauid, acusada de cometer atrocidades contra la población negra de Darfur, además de “incitar” a los ataques de este grupo pro gubernamental.
Los crímenes presuntamente perpetrados por los dos acusados fueron cometidos durante ataques a cuatro ciudades y pueblos al oeste de Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004.
Por su parte, Ali Kushayb, que lideraba la milicia Yanyauid desde mediados de 2003, supuestamente ordenó a sus tropas cometer violaciones, agresiones sexuales, torturas y asesinatos contra la población civil.
La CPI inició en junio de 2005, a petición del Consejo de Seguridad de la ONU, una investigación sobre los supuestos crímenes de guerra cometidos en Darfur desde julio de 2002, fecha a partir de la cual la Corte tiene competencias.
El conflicto de Darfur, una provincia del oeste de Sudán, estalló en febrero de 2003 cuando dos grupos rebeldes se alzaron en armas para protestar contra la pobreza y marginación de la zona, fronteriza con Chad, y por el control de los recursos naturales.
Desde entonces, unas 200.000 personas han muerto y dos millones más se han visto forzadas a abandonar sus hogares y a alojarse en campos de refugiados en Sudán y Chad, en lo que, según la ONU, constituye uno de los peores desastres humanitarios de este siglo.
