La Justicia argentina investiga si un represor de la dictadura viajó a Gran Canaria estando detenido
La Justicia argentina investiga si Héctor Febres, quien murió envenenado con cianuro en vísperas de ser sentenciado en el juicio al que era sometido por delitos cometidos en la dictadura, viajó a Las Palmas de Gran Canaria cuando ya estaba detenido, según consta en una resolución judicial divulgada este domingo.
La jueza a cargo del caso, Sandra Arroyo, se incautó en su celda de una multa de tráfico expedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por una infracción de normas de tráfico cometida en Toledo el 21 de septiembre de 2005, cuando el ex marino ya se encontraba detenido por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983).
En la multa figura el domicilio real del ex prefecto en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, su número de documento y su apellido, pero con el nombre de pila Alfredo, según consta en un escrito judicial de la causa difundido este domingo por la prensa local.
Como consecuencia, la magistrada emitió un exhorto a España y una petición a la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina para que se informe de si existen registros del viaje de Héctor Febres, precisó este domingo el diario Página/12.
“Podría resultar impensable que Febres, detenido, pueda haber viajado a dicha ciudad cuando no obra constancia de haber sido trasladado a España sin previa autorización de las judicaturas a cuya disposición se encontraba. Sin embargo, el estado embrionario de la pesquisa impone que dicha cuestión quede, al menos por el momento, en estado de incógnita”, puntualiza la jueza.
Febres fue hallado muerto el 10 de diciembre, cuatro días antes de la jornada programada para la lectura del veredicto en el juicio que se le seguía por su actuación en el centro clandestino de detención y torturas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Por el caso se encuentran detenidos y procesados por homicidio agravado los prefectos (guardacostas) Rubén Iglesias y Ángel Volpi, que custodiaban a Febres en una delegación de la Prefectura Naval a las afueras de Buenos Aires.
También se encuentran procesados por el presunto delito de encubrimiento de homicidio agravado la viuda de Febres, Stella Maris Guevara, y los hijos del matrimonio, Sonia Marcela y Héctor Ariel, aunque los tres fueron liberados el pasado viernes.
La investigación judicial detalla además los privilegios a los que accedía el ex marino durante su detención y las comodidades que tenía en su celda, ajenas a otros presos.
Fuentes judiciales no descartaron que la jueza cite a declarar al ex jefe de la Prefectura Naval Carlos Fernández, destituido de su cargo en diciembre pasado por el este caso.
En una resolución judicial de la causa, la magistrada también considera que Febres fue asesinado para “silenciar al que intente revelar datos o información de los hechos vinculados a las violaciones de los derechos humanos durante el último gobierno de facto”.
El ex prefecto, de 65 años, estaba siendo juzgado por cuatro casos de privación ilegal de libertad y aplicación de tormentos a detenidos en la ESMA, y tenía pendientes otros procesos por crímenes en el que fuera el mayor centro ilegal de detención durante la última dictadura.
El juicio a Febres había comenzado hace tres meses y era el primero que se llevaba a cabo en Argentina por crímenes cometidos en la ESMA, donde, según organizaciones de derechos humanos, estuvieron cautivas unas 5.000 personas.
