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Los líderes de los 27 buscan una solución a los vetos británico y polaco

Los gobiernos europeos analizan este miércoles el primer borrador de un nuevo tratado europeo llamado a sustituir a la fallida Constitución, que nunca llegó a entrar en vigor debido al rechazo en referendo de franceses y holandeses en 2005. El documento de la presidencia alemana de la Unión Europea, consta de 11 páginas de gran complejidad técnica y jurídica sobre la reforma institucional europea.

Fuentes de la presidencia señalaron este miércoles, en un intento de restar dramatismo a la situación tras reconocer que de momento no existe la unanimidad necesaria para revisar el funcionamiento actual de la UE, que si no hay un acuerdo entre los 27 líderes europeos este fin de semana “no es el fin del mundo”. La cumbre, prevista para dos días pero que puede alargarse al sábado según los más pesimistas, quiere acordar un mandato claro y preciso para lanzar en julio una Conferencia Intergubernamental (CIG) que ponga por escrito los cambios institucionales, de forma que el nuevo tratado pueda estar en vigor para las elecciones europeas de 2009.

El documento alemán incluye los 12 puntos que España y Francia presentaron a los demás socios comunitarios el pasado domingo para preservar la esencia del tratado constitucional, incluso si pierde ese nombre y pasa a ser una reforma tradicional de tratados anteriores. Ha quedado fuera la definición de los símbolos de la UE (himno, bandera y moneda), pero mantiene los principales aspectos logrados por los países partidarios de profundizar la Unión y agilizar la toma de decisiones, por ejemplo en cooperación judicial y policial.

Política exterior y sistema de voto

Sin embargo, quedan abiertos varios puntos clave, para algunos de los cuales hay sugeridas fórmulas de un posible acuerdo, pero en otros el Reino Unido y Polonia siguen siendo los principales obstáculos para un acuerdo.

Los británicos se han descolgado en los últimos días con una serie de peticiones para recortar la amplitud de la Política Exterior y de Seguridad Común, especialmente la figura del futuro ministro de Asuntos Exteriores comunitario. El ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, consideró hoy en Madrid que la intención del Reino Unido de “diluir” la PESC es “muy preocupante”.

La presidencia alemana no ha ocultado su incomodidad por el hecho de que las objeciones británicas no fueron planteadas hasta al noche del domingo en un cónclave de ministros de Exteriores. Oficialmente, los responsables alemanes señalan que el primer ministro británico, Tony Blair, jamás ha señalado ningún problema de ese tipo en sus contactos previos con la canciller alemana, Angela Merkel.

En cuanto al sistema de voto por doble mayoría, Polonia y en mucha menor medida la República Checa piden que se revise el sistema incluido en el tratado constitucional, que estipula que hace falta el 55% de Estados y el 65% de la población para aprobar una decisión por mayoría cualificada. Los polacos han anunciado que llegan dispuestos a “morir” por lograr una modificación acorde a sus intereses, pero Alemania no ha mencionado las peticiones polacas ni en su informe de la semana pasada ni en el borrador divulgado el martes, una ausencia llamativa.

Las fuentes alemanas insistieron este miércoles en que 25 Estados miembros de la UE “no quieren” reabrir la cuestión del mecanismo de voto, algo que solo quieren tratar los otros dos países comunitarios. También señalaron que, en contra de algunas informaciones divulgadas en las últimas horas, la posición negociadora polaca “no ha cambiado”.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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Otro punto que sigue abierto es la Carta de Derechos Fundamentales, que se elimina del tratado, en el que queda una mención que le da valor jurídico, algo que para la presidencia ya es una concesión por parte de los países que ratificaron la Constitución. Sin embargo, el documento de la presidencia deja abierta para la cumbre la cuestión del ámbito de aplicación de la carta, que Londres quiere reducir al máximo.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, dio el martes un aviso tanto a Londres como a Varsovia para que no impidan un acuerdo.

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