El plan marroquí para el Sáhara prevé un referendo sobre la autonomía
El plan de autonomía para el Sáhara Occidental, que Marruecos presentó a la ONU, prevé celebrar un referendo sobre un estatuto de autonomía para el territorio, que tendrá competencias de administración local y en ámbitos como agricultura, industria, servicios básicos y educación.
El plan prevé que en ese referendo sobre un estatuto de autonomía participe la población del Sáhara y las autoridades marroquíes considerarán esa consulta como un ejercicio del derecho de autodeterminación.
“Como resultado de las negociaciones, el estatuto de autonomía será sometido a referendo por las poblaciones implicadas, de acuerdo con el principio de autodeterminación y las provisiones de la Carta de la ONU”, se agrega en el texto.
En la propuesta, que fue entregada a al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, Marruecos expresa su disposición a iniciar negociaciones “profundas y serias” con las partes a la búsqueda de una solución “mutuamente aceptable” como está esperando la comunidad internacional.
“El plan de Marruecos no contiene detalles sobre el proyecto de autonomía. En esta fase, se limita a definir las directrices y principios para (crear) un Gobierno autónomo, lo que permitirá a las partes enriquecer la propuesta durante las negociaciones”, se expone en el documento presentado.
Marruecos también prevé el establecimiento de medidas de confianza y de transición, como la amnistía, el retorno de refugiados y la creación de un consejo de transición, destinadas a preparar la celebración de las primeras elecciones autónomas de la región.
Con el objetivo de poner fin al sufrimiento de los saharauis que ahora se encuentran en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) el plan también incluye disposiciones para la reunificación y el retorno de la población.
Según el plan, los saharauis gestionarán democráticamente sus asuntos, a través de órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, y dispondrán de los recursos financieros necesarios para ello, y para impulsar el desarrollo económico, social y cultural.
Las competencias del Gobierno autónomo afectarán a materias administrativas, de policía local y judicial, así como a la planificación económica y la promoción de inversiones, la industria, el comercio, la agricultura y el turismo.
La administración autónoma también tendrá competencias presupuestarias, fiscales y de infraestructuras y servicios básicos (transportes, electricidad, agua, y otros servicios públicos), así como sociales, en materia de vivienda, educación, empleo y bienestar social.
“El Estado marroquí mantendrá poderes de dominio real, específicamente los referentes a la defensa, las relaciones exteriores, la Constitución y las prerrogativas religiosas concedidas por el reino”, se matiza en la propuesta.
El Estado marroquí asumirá las competencias sobre soberanía, sobre símbolos como la bandera y el himno nacional y la moneda.
Del mismo modo, el reino alauí mantendrá sus poderes en materia de seguridad nacional, defensa exterior y de integridad territorial, y seguirá responsabilizándose de las relaciones exteriores de la región autónoma saharaui.
“La región autónoma del Sáhara puede, en consultas con el Gobierno marroquí, establecer relaciones con regiones del exterior para impulsar el diálogo y la cooperación interregional”, precisa el documento.
La iniciativa de Rabat también prevé la creación de un Parlamento compuesto por miembros elegidos de las tribus saharauis y miembros elegidos por sufragio universal directo por la población de la región, y destaca que las mujeres deberán tener una representación adecuada en ese órgano legislativo.
El Parlamento también podrá decidir la creación de tribunales de Justicia, que deberán cumplir las normas del estatuto de autonomía.
El poder ejecutivo recaerá en un jefe de gobierno, elegido por el Parlamento regional y que deberá ser investido por el rey marroquí, y que tendrá la misión de crear un gabinete y nombrar a los administradores locales.
“Esta de ninguna manera es una decisión unilateral, no es una oferta rígida. Es una iniciativa que está abierta a todas las partes, con el objetivo de buscar una solución de compromiso realista y práctica”, concluye la propuesta marroquí.
