La Policía impide que miles de manifestantes lleguen al Palacio Real en Bahréin
MANAMA, 11 (Reuters/EP)
Más de 200 policías bahreiníes armados con porras han impedido que miles de manifestantes antigubernamentales, la mayoría chiíes, lleguen al Palacio Real, en Manama, cortando una calle con un alambre de púas.
Llevando banderas de Bahréin y flores, los manifestantes han marchado desde la zona de Aly hasta Riffa, un barrio donde viven suníes y miembros de la familia real --también suní, pese a que la mayoría de los bahreiníes son chiíes--.
Cientos de vecinos armados con palos y cuchillos habían salido a las calles para proteger su barrio. Pero la sangre no ha llegado al río porque la Policía ha impedido el avance de un grupo de suníes que lanzaban piedras y ha usado gases lacrimógenos para dispersar a los chiíes que intentaban superar la barrera policial.
Ahmed Jaafar, uno de los participantes en la marcha, dijo al iniciarla: “La familia real tiene muchos palacios y casas aquí. Nosotros somos pacíficos, queremos llegar a su casa y reclamar nuestros derechos”. A su juicio, “el poder no debería residir en una familia, sino que debería corresponder al pueblo”.
Una organización juvenil convocante de la marcha había acusado a la familia Al Jalifa (la familia real) y a sus seguidores de “no valorar la sangre de los nativos de esta tierra tanto como valoran su monopolio del poder”. Además, “roban la riqueza del pueblo y reprimen a sus ciudadanos y les privan de sus derechos básicos”, denunció.
La coalición de pequeños partidos chiíes que había organizado la marcha al Palacio Real aboga por el derrocamiento de la monarquía y el establecimiento de una república.
MANIFESTACIÓN DE MODERADOS
Por su parte, los moderados liderados por el principal partido chií, Wefaq, que reclaman que se reforme la Constitución, han llevado a cabo una manifestación menos provocadora este viernes en la que han tomado parte decenas de miles de personas.
Llevando banderas bahreiníes, han caminado desde el centro comercial de Seef hasta la rotonda de la Perla para pedir enmiendas a la Constitución que den más poder a los ciudadanos. “Jalifa, queremos un Gobierno limpio”, han coreado.
Antes de que la Policía evitara posibles incidentes violentos, el principal clérigo chií de Bahréin, el jeque Issa Qassim, había pedido a los manifestantes que no participasen en un conflicto con los suníes, algo que perjudicaría, a su juicio, a la campaña de la oposición a favor de reformas políticas.
CONFLICTO ENTRE SUNÍES Y CHIÍES
El clérigo advirtió en su sermón de este viernes de que el Gobierno está intentando generar tensión entre ambas comunidades. “Os digo a todos, suníes y chiíes, que está prohibido derramar la sangre de otras personas y que no hay ningún pretexto para hacerlo. A todos los que están incitando a un conflicto entre comunidades, debemos hacerlos responsables de lo que están haciendo”, subrayó.
“Pido a todas aquellas personas que consideren que forman parte del movimiento de protesta que no se dejen enredar en nada que pueda generar más sufrimiento para la sociedad y el país y que se abstengan de hacer cualquier cosa que pueda ser dañina para todos”, añadió.
El jeque Issa ha dejado claro que las demandas de la oposición son de carácter “político” y no son exigencias para una comunidad religiosa concreta: “Reclamamos una democracia, y en la democracia ningún grupo está por encima de otro. No pedimos que un grupo tenga más influencia o poder (...), no pedimos que se elimine o se margine a un sector de la sociedad”.
La situación de inestabilidad política en Bahréin comenzó el pasado febrero, cuando la gente salió a las calles para realizar protestas inspiradas en las revueltas populares que acabaron con regímenes autocráticos en Egipto y Túnez.
Siete personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y miles de integrantes de la coalición juvenil 14 de Febrero permanecen en la plaza de la Perla, aunque la oposición está cada vez más dividida.
Los chiíes de Bahréin se quejan desde hace tiempo de que están discriminados en lo referente al acceso a puestos de trabajo y servicios. Más de la mitad de la población del país --que asciende en total a 1,2 millones de personas-- es extranjera.
