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Más coordinación, más protección

Debemos poner ya las medidas correctoras para la que la Administración cumpla su papel de garante, porque la violencia machista es un problema de todos.

Un año más hemos recordado esta semana el 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y lo hemos hecho desgraciadamente con una mujer más asesinada por culpa del machismo. Sara se ha unido a las 91 mujeres asesinadas en Canarias desde que existe registro (2003) y a las 8 en lo que llevamos de año. 

Ellos son sus verdugos, pero ellas también habrán sido víctimas de una violencia estructural, de un sistema de normas y valores socioculturales que discrimina a la mujer y promueve su sometimiento a cualquier precio, incluso con su vida. 

La violencia machista forma parte de un trágico día a día ante el que no podemos aceptar el conformismo. Cada muerte es evitable. Tiene que serlo. Y para ello hay que detectarla e incidir en cada uno de los momentos o lugares en los que podía haberse actuado para impedirla. Hay que conocer las dimensiones de esta tragedia, y es que desde el 2003, año en que empezó a contabilizarse las víctimas de la violencia machista, mil mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. 

Desde el Gobierno de Canarias son conscientes de ello, y por este motivo, esta misma semana el Consejo de Gobierno ha decidido no realizar cómputos anuales de las mujeres asesinadas, porque con ellas no cabe cada año un borrón y cuenta nueva. 

En el pasado Pleno del Parlamento, advertí que es hora de que hablemos del ciclo de la violencia, y que tenemos obligatoriamente que articular medidas para que la víctima no lo sea doblemente, primero de su agresor y luego del sistema. Salvo casos de extrema violencia, el silencio es el mayor de nuestros problemas, y de ahí la necesidad de trabajar más en la coordinación, colaboración y cooperación entre administraciones públicas. 

La protección y el apoyo a las víctimas de maltrato es un punto fundamental de la lucha contra la violencia machista. Hay mucho que mejorar en este sentido. Son demasiadas las mujeres que aún no se atreven a denunciar. No solo se trata de animarlas a hacerlo, sino de implicar a toda la sociedad en la detección de los casos de maltrato.  

Una mayor coordinación y formación son las claves para mejorar la detección de casos y la atención a las víctimas de violencia de género Las especialistas constatan que existen problemas de comunicación entre los diversos agentes implicados, como policial y judicial, así como una necesidad de implicar a profesionales formados. 

Los datos son claros. De las 51 asesinadas en España, hasta el momento de la estadística oficial, sólo 11 de ellas habían interpuesto denuncia previa, y de esas 11, sólo 5 habían solicitado medidas de protección, estando vigentes en el momento del asesinato sólo 4 de ellas. En Canarias, el número de denuncias aumenta y además aumentan los asesinatos. ¿Cómo logramos la confianza de las víctimas en la protección del sistema? 

La solución pasa por trabajar desde las administraciones públicas, la justicia y la seguridad para que los índices de violencia de género disminuyan, y tenemos que seguir trabajando en la coordinación del ámbito judicial, policial, sanitario, servicios sociales y servicios especializados de atención a las víctimas de violencia de género, en el ámbito educativo, unidades de violencia de género, emergencias y en el ámbito de familia e infancia, Gobierno de Canarias, Cabildos y municipios. 

Como ya solicité en sede parlamentaria, en el ámbito de emergencias no podemos perder la oportunidad cuando una mujer vence el miedo y se decide a romper el ciclo de la violencia, es decir, cuando en una situación de emergencia se llama al 112, me pregunto qué sucede en los casos en los que los hechos ya han pasado o no hay peligro inmediato. Esos datos se pierden, y no hay seguimiento de la víctima. 

En el ámbito jurídico, la inhibición al Juzgado de Instrucción correspondiente se debe hacer más rápido en los casos en los que un hecho se comete en un domicilio distinto al de la residencia de la víctima, caso que suele darse mucho en las islas. Y si esperamos, las consecuencias pueden ser fatales. Los colegios de abogados deberían tener un sistema rápido de orientación jurídica para las víctimas de violencia de género. 

También debería hacerse viable la implantación de un servicio de protección a las víctimas a través de la Policía Local, y no puede haber lagunas en cuanto a partes de lesiones dependiendo de si la víctima acude a la sanidad privada o pública. Administración (Servicio Canario de Salud) que debería contar con la instalación del programa Viogen. En las unidades de atención a las víctimas, las casas de acogida deben tener una recogida de datos y seguimiento, porque hay casos en que la víctima la usa como medio de ruptura del ciclo de violencia.

Debemos poner ya las medidas correctoras para la que la Administración cumpla su papel de garante, porque la violencia machista es un problema de todos.

*Matilde Fleitas Diputada por La Palma del Grupo Parlamentario Socialista

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