Cientos de menores refugiados siguen bloqueados en Canarias en medio del cruce de acusaciones entre el Estado y la comunidad autónoma por la lentitud en los traslados. Este jueves, el Tribunal Supremo dio un nuevo ultimátum al Gobierno central para que garantice, en un plazo máximo de 15 días, el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a los más de 800 jóvenes que han solicitado asilo en el Archipiélago. Esta madrugada, tras conocerse la resolución del Alto Tribunal y después de que el Ministerio de Migraciones reprochara a Canarias su “tardanza” en el envío del papeleo necesario para los traslados, el Ejecutivo regional ha remitido al Estado 153 expedientes.
''Esperamos que la agilidad que han tenido esta madrugada para remitirnos un compromiso que habían adquirido hace dos semanas continúe. Nos parece fantástico y vamos a ponernos a trabajar“, dijo la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en una entrevista concedida a Radio Lanzarote este viernes, coincidiendo con su visita a la isla.
Cancela ha asegurado que hace dos semanas, durante la comisión que las dos administraciones mantienen cada martes, el Ministerio informó de que tenía 130 plazas disponibles a la espera de recibir los expedientes por parte del Gobierno canario para valorarlos y continuar con las derivaciones. La comunidad autónoma, según la secretaria de Estado, se comprometió a enviar 350 expedientes, pero no lo hizo.
''Esta semana lo volvimos a reiterar. Por eso nos sorprende que, con la noticia del auto, resulta que esta noche, a las 2.00 de la mañana hora canaria, han remitido un listado de 153 menores para que puedan ser evaluados y podamos derivar“, añadió en declaraciones recogidas por Efe.
La secretaria de Estado de Migraciones ha pedido al Ejecutivo autonómico ''lealtad institucional'': ''Para que uno pueda avanzar, el otro tiene que cumplir con su parte''. Desde la Consejería de Bienestar Social aseguran que sí se están enviando expedientes y subrayan que este viernes se han enviado 70 informes más.
La Consejería también critica la lentitud de las salidas hacia la Península y cuestiona que se sigan pidiendo expedientes mientras 60 jóvenes permanecen desde hace dos meses en el campamento Canarias 50, situado en Gran Canaria y gestionado por el Estado. Además, afean que ningún menor haya sido reubicado esta semana en otra comunidad autónoma.
Sobre el Canarias 50, Cancela ha recordado que se trata de un centro de tránsito que se habilitó con la intención de que los menores estén el menor tiempo posible en él. Sin embargo, ha insistido en que hay que ''cubrir todas las garantías'' y trabajar de forma discreta.
''Lo importante es atender a las necesidades de los niños'', ha subrayado. En esta línea, el pasado 14 de octubre, Cancela explicó que al menos 45 menores se quedarían en Canarias al haberse evidenciado su fuerte arraigo en el Archipiélago.
Las órdenes del Supremo
La primera orden del Supremo llegó en marzo, cuando se pidió al Estado que se hiciera cargo en un plazo de diez días de un millar de menores refugiados atendidos en Canarias. Siete meses después, el Tribunal ha vuelto a requerir al Gobierno central que garantice el acceso de los jóvenes al sistema nacional de protección. Algunos de estos jóvenes ya han cumplido la mayoría de edad y a otros se les ha denegado la petición de asilo.
El requerimiento del Supremo conocido este jueves llega después de que Canarias pidiera de nuevo que el Estado procediera a la acogida efectiva de 546 menores migrantes no acompañados que ya habían presentado su solicitud de protección internacional y que se encontraban en dispositivos de las islas.
La comunidad autónoma achaca al ''insuficiente ritmo de ejecución'' de los traslados la situación de hacinamiento de los menores en la red canaria de protección, que además ha ''incrementado'' con la llegada de nuevos menores solicitantes de asilo.
Los últimos listados que manejan las administraciones cifran en 899 el número de menores refugiados beneficiarios de esta resolución. Pilar Cancela, que asegura que aún no han recibido este último auto del Supremo, explica que desde agosto hasta la actualidad han salido del sistema canario unos 400 menores.
Además, sostiene que ya están en disposición de estas 500 plazas que se solicitan, ya que el Canarias 50 tiene capacidad para 190 personas y cuentan con 300 más en la Península. “Lo que toca ahora es que el Gobierno de Canarias envíe los expedientes”, ha reiterado la secretaria.