La Fiscalía rebaja la pena exigida para los cuatro acusados de un motín en el campamento de Las Raíces

El fiscal ha rebajado la pena que había solicitado para los cuatro acusados de provocar el pasado abril un motín en el campamento de inmigrantes de Las Raíces, en Tenerife, y si antes reclamaba 11 años de prisión, ahora pide 7 para tres de ellos y 4 para el otro. En la segunda y última jornada del juicio, que ha quedado visto para sentencia este jueves, el fiscal ha modificado el delito de amenazas condicionales a uno de amenazas, y, en el caso de uno de los procesados, ha eliminado el agravante de uso de elemento peligroso en el delito de desórdenes públicos, pero se lo mantiene al resto.

Más allá de estas modificaciones puntuales, el representante del Ministerio Público considera probado que los cuatro acusados han de ser condenados en base a los testimonios de los vigilantes de seguridad, corroborados este jueves por las declaraciones de los policías que acudieron al centro cuando fueron requeridos.

Los agentes han indicado que cuando llegaron al campamento se encontraron una situación de “descontrol, inseguridad, con mucha gente alterada”, y que sintieron miedo, al igual que los vigilantes de seguridad, principalmente por una cuestión numérica, porque eran solo cuatro los que se habían desplazado.

Han concretado que un grupo de usuarios, en torno a una treintena, estaban “hablando alto, gritando”, aunque no llegaban a entender lo que decían“ porque hablaban árabe, pero con sus gestos y ademanes interpretaban que los estaban amenazando.

Los policías tuvieron “la sensación objetiva” de que “en cualquier momento” la cosa podía ir a más, y que por eso optaron por separar a tres de los acusados -el otro estaba retenido en la zona de oficinas-, porque eran los que más activos eran en las protestas y estaban azuzando a los demás.

El fiscal también se ha basado en los informes de los médicos forenses sobre las lesiones que sufrieron los vigilantes.

Uno de esos médicos ha explicado que los dolores y molestias en diferentes partes del cuerpo que presentaban los vigilantes son compatibles con haber recibido golpes, pero también lo podrían ser por un “sobreesfuerzo” en las maniobras de retención e inmovilización de una persona. En el caso concreto de la vigilante presuntamente agredida, ha señalado que en su informe no se recoge ninguna lesión producto un puñetazo, como testificó un compañero suyo, y ha añadido que ella refirió verbalmente que le habían dado un codazo en el oído derecho.

En cuanto a la fecha en la que se produjeron las lesiones que presentaban los vigilantes, ha indicado que solo puede certificarlo respecto a las externas, no así dolores o molestias musculares. Otro médico forense ha relatado que valoró a uno de los vigilantes dos meses después de los hechos y que ya tenía “resueltas” las lesiones.

Sobre este vigilante constan en autos dos partes de lesiones, uno del mismo día de los incidentes, en el que refirió que se había caído accidentalmente sobre otras personas y se había dañado la zona cervical, y otro del día siguiente, en el que dijo que había sido golpeado con un objeto contundente.

Con independencia del tipo de golpes y cómo los recibieron los vigilantes, el fiscal ha reseñado que lo que no cabe es que se los autoinfligieran ellos mismos. Además, el representante del ministerio público ha puesto en entredicho las declaraciones de varios trabajadores de la ONG ACCEM que gestiona el centro de inmigrantes, a su juicio “sectarias” y “rayanas en lo reprochable penalmente”, negando incluso parte de lo que los propios acusados reconocieron.

Como que hubo un altercado, que los trabajadores de la ONG rebajaron a conflicto, o que uno de ellos golpeó, queriendo o sin querer, a una vigilante. Lo mismo han hecho las abogadas de la defensa pero con las explicaciones dadas por los vigilantes, de quienes creen que “la situación se les fue de las manos” y fueron, con su “mala praxis” y la “desproporcionalidad” de su actuación, los causantes de los incidentes posteriores.

Una abogada incluso ha cuestionado los testimonios de los policías, a su juicio carentes de imparcialidad y en uno de los casos “condicionado” por lo publicado en prensa, porque se preguntó en el juicio por qué los trabajadores de la ONG dijeron en su día una cosa y otra diferente ayer en la sala de vistas.

Según las letradas de la defensa, “es injusto y una vergüenza en un estado de derecho” que sus clientes estén en el banquillo por unos hechos en los que, de haberse vulnerado algún derecho, fue el de la dignidad, al tratar a uno de los acusados como “un animal”.

El fiscal ha deslizado que en este juicio quizá se “quedaron cortos”, porque “es posible” que hubiera más implicados en el motín, “pero no sobra nadie”, ha añadido, porque todos ellos “intervinieron en mayor o menor intensidad” en los hechos.

A lo que una abogada de la defensa le ha replicado “os habéis pasado”, y ha criticado el “esfuerzo sobrehumano” del ministerio público de convertir “una actuación irregular” por parte de unos vigilantes de seguridad “en algo tan grave casi como un homicidio o una agresión sexual”.

Las defensas han coincidido en que no hubo ni piedras, ni barras de hierro ni ningún elemento peligroso que esgrimieran los acusados, más allá de una cuchilla de una hojilla desechable, y en que no cabe el delito de desorden público en la medida en que el campamento no dejó de funcionar en ningún momento.

También creen desmontada la acusación por amenazas tras la reproducción en el juicio de un vídeo del traslado de uno de los detenidos mientras que otros usuarios del centro piden que lo suelten y se quejan del sistema de turnos en las duchas. Lo único que ha admitido uno de los acusados, y por lo que ha pedido disculpas en el turno de última palabra, ha sido que mordió a un vigilante, y si lo hizo, ha dicho, era porque no podía respirar porque lo estaban aplastando.