El presidente de Gran Canaria carga contra la vulneración de derechos en la atención a migrantes

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha participado en la inauguración del 36º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, ante la presencia de un centenar de congresistas, así como de la ministra de Justicia, Pilar Llop, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, y la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ascensión Martín Sánchez. El Congreso se celebra en el Edificio Elder, Museo de la Ciencia, y lleva por título Migraciones, Derechos Humanos y Desigualdades.

Durante su intervención, Morales recordó que “en Canarias y en Gran Canaria muy particularmente, hemos asistido en los últimos años a severos cuestionamientos de los derechos humanos de miles de personas que llegaban a nuestras costas y no recibían una atención adecuada”. En este sentido, explicó que “hace apenas unos meses, la Audiencia Provincial de Las Palmas archivó la denuncia presentada contra el Gobierno de España por las condiciones en las que, en noviembre de 2020, se llegó a hacinar en el Muelle de Arguineguín, que se popularizó como el muelle de la vergüenza, a 2.600 personas migrantes llegadas por vía marítima, por no apreciar el juez delito en las actuaciones. Sin entrar en consideraciones de tipo jurídico, como representante público y como ciudadano, llama la atención que no se aprecie ilícito penal alguno en las vulneraciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el campamento y que fueron ampliamente documentadas. Se hacinó a 2.600 personas en unas carpas cuya capacidad máxima establecida era de 400, se superó ampliamente el plazo máximo de 72 horas de retención (hubo personas que pasaron más de dos semanas bajo custodia policial en el muelle), se les privó de asistencia letrada pese a que muchos eran potenciales solicitantes de asilo, no contaban con inodoros ni agua suficiente y dormían tirados en esterillas en el suelo, entre basura e incluso ratas”.

Antonio Morales advirtió que el “Nuevo Pacto de Migración y Asilo, así como del Reglamento de Procedimiento de Asilo en los que está trabajando la Comisión Europea, consolidaría y daría cobertura legal a la actual situación que estamos viviendo y nos convertiría en un territorio de detención y/o retención de personas migrantes y más concretamente, en este caso, de solicitantes de asilo. Creo que como sociedad, y eso incluye a la judicatura, no podemos permitir que esto ocurra, y que debemos utilizar todas las herramientas sociales, políticas y legales con las que contemos para oponernos a que nuestras islas se conviertan en un espacio de vulneración de derechos”.

Por último, indicó que el lema de este Congreso “incluye la palabra desigualdad”, por lo que no se puede “olvidar que somos la frontera más desigual del mundo, y que esta es la causa fundamental de que nos hayamos convertido también en la ruta migratoria más mortífera del planeta”. Morales ha dicho creer “sinceramente” que ante esta situación hay que “elegir” si se quiere ser “un espacio de vulneración de derechos” o “contribuir activamente a luchar contra las desigualdades y a luchar por la justicia y la dignidad humanas”.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, destacó a los medios que “Canarias forma parte del fenómeno migratorio y las soluciones pasan por tener un sistema de protección de los derechos humanos que garantice la debida acogida, asistencia y también el cumplimiento de la normativa. Nos enfrentamos a una situación que resulta difícil de gestionar, porque vienen muchas personas a nuestra tierra, buscando una oportunidad, y es importante poner el acento en que la forma en la que lo estamos abordando es siempre poniendo por delante la tutela de sus derechos”, afirmó.  “Los recursos siempre son escasos en unas circunstancias en las que recibimos a más personas de las que podemos atender. Pero se están haciendo esfuerzos importantes, en el ámbito de la Justicia, de los institutos de Medicina Legal, de la Fiscalía y del Gobierno de Canarias, que está haciendo esfuerzos sin precedentes”, añadió.

La viceconsejera de Justicia se refirió a la situación de las y los menores no acompañados, sobre la que detalló que, actualmente, Canarias acoge y tutela a casi 3.000 niños y niñas que han venido no acompañados. “No existe ninguna otra comunidad autónoma en el Estado y es necesario que ese esfuerzo se extienda y que se solidaricen el resto de comunidades”, subrayó, “porque las Islas somos la puerta de entrada de Europa y no podemos convertir este punto en el único en el que se presta la asistencia, porque entonces no es suficiente”.

Por su parte, Ascensión Martín manifestó su esperanza de que las jornadas propicien avances en los derechos humanos y, sobre todo, en el caso de las y los menores migrantes. Además, incidió en que el congreso abordará el modelo que defiende la asociación para la elección de los 12 vocales de procedencia judicial que formarán parte del Consejo General del Poder Judicial. “Es un debate jurídico muy profundo y de extrema necesidad. Queremos que el Consejo General del Poder Judicial se renueve, porque es una anormalidad democrática y un incumplimiento claro del artículo 122 de la Constitución”, recalcó. “Nuestra postura es la renovación inmediata y hemos conseguido que todos los grupos parlamentarios mayoritarios y las asociaciones judiciales coincidan en que se renueve de inmediato y con la actual ley, sin perjuicio de que luego se pueda modificar esa ley y se mejore”.

A este respecto, explicó que existen dos posturas para la elección, el sistema parlamentario, que es la actual, o el sistema de elección directa por las y los jueces, con unas cautelas de forma que estén representadas todas las sensibilidades dentro de la carrera judicial y, proporcionalmente, también las distintas asociaciones judiciales. “Los 12 vocales deben ser de los 5.500 jueces que conforman la carrera judicial y lo importante es que ningún compañero o compañera, asociado o no, se sienta excluido y que todas y todos se sientan vinculados con el Consejo General del Poder Judicial”, concluyó.