Barreda dejó 167.727 facturas pendientes de pago
TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de José María Barreda dejó 167.727 facturas pendientes de pago, de las que la mayoría (158.795) corresponden al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), y una necesidad de liquidez a corto plazo de 2.813,7 millones de euros.
Así se desprende del Informe sobre la situación de las finanzas de la Junta a 30 de junio de 2011, elaborado por la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha y remitido este lunes a las Cortes regionales, al que ha tenido acceso Europa Press.
Según este informe, la mayoría de las facturas son de los años 2010 y 2011, aunque hay un número “muy escaso” que corresponden al 2008 y 2009. El importe total de estas facturas pendientes de pago es de 470 millones de euros.
La Sindicatura cifra en 2.813,7 millones la necesidad de liquidez a corto plazo y señala que el enfrentamiento entre los recursos disponibles y la necesidades de liquidez en el corto plazo da una insuficiencia de 2.023,7 millones de euros. Eso sí, añade, no debe obviarse la devolución a corto plazo de los préstamos, que ascienden a 1.691 millones de euros.
El estudio cifra, asimismo, en 7.455 millones el endeudamiento de la Junta y de las empresas y fundaciones públicas de la región. El informe llama la atención sobre las “pérdidas significativas” en la Sociedad Don Quijote Conmemoraciones Culturales, en ISFOC, en la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos, en la Fundación General de Medioambiente y en el Consorcio del Parque Arqueológico de Alarcos.
“DESEQUILIBRIO EN LAS CUENTAS”
Por todo ello, el informe verifica una situación de “desequilibrio de las cuentas públicas motivada por una presupuestación que infrapondera las demandas de gasto y un nivel de ingresos insuficiente para hacer frente a tales demandas”.
De este modo, “los niveles de liquidez descienden aceleradamente”, lo que dificulta la realización de los pagos a los acreedores, añade el informe.
Para volver a la senda de la estabilidad presupuestaria, la Sindicatura recomienda “un mayor rigor en la presupuestación inicial que aquilate las necesidades de gasto”, “mayores dosis de disciplina presupuestaria” en lo que a aprobación de modificaciones de crédito sin financiación se refiere y, “sobre todo, acomodar las cifras de gasto a los recursos financieros de los que se disponga”.
Este organismo recuerda en su informe que no es la primera vez que realiza estas advertencias. Así, recomienda un techo de gasto que limite el crecimiento de las obligaciones reconocidas, una Oficina de Control Presupuestario, un plan de saneamiento, la reestructuración del endeudamiento, un control riguroso de las cuentas, y reestructurar las empresas y fundaciones públicas.
