Garzón deja en libertad a un empresario y al arquitecto municipal de Santa Coloma
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó este jueves en libertad sin medidas cautelares al empresario Manuel Valera y al arquitecto municipal de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Lluís Falcón, después de tomarles declaración por su implicación en el 'caso Pretoria', informaron fuentes jurídicas.
Valera y Falcón, que abandonaron el juzgado sin realizar manifestaciones, cerraron la primera jornada de comparecencias de los once nuevos imputados en la causa, en la que Garzón investiga una presunta trama de corrupción liderada por el ex diputado del PSC Luis García que habría causado un agujero de 47,6 millones de euros en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
En sus declaraciones ante el juez, que se prolongaron respectivamente durante una hora, tanto Valera como Falcón negaron los hechos que se les imputan. Ambos abandonaron la sede del tribunal en libertad sin medidas cautelares, al no realizar el fiscal Anticorrupción Luis Pastor ninguna petición en este sentido.
Valera, que acudió a la Audiencia Nacional en compañía de su letrado, Xavier Mateu, está imputado por ser el administrador solidario de la sociedad Niesma, que se benefició de una operación urbanística que tuvo un coste de 13 millones de euros para el Ayuntamiento de Santa Coloma.
Falcón, que acudió a la Audiencia Nacional acompañado de su abogado Sebastià Martínez Ramos, está imputado por asociación ilícita, fraude y exacciones ilegales, al haber participado en la denominada 'Operación Pallaresa' y adoptar “decisiones que propiciarían su ejecución”, así como “adjudicaciones en condiciones favorables a alguno de los imputados”.
Durante la jornada del jueves también comparecieron Doris Malfeito y María Luisa Mas, esposas de los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, respectivamente, que están acusadas de un delito de blanqueo de capitales; y el ex director del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó, quien aseguró que el pago de 244.000 euros que recibió en una de las operaciones urbanísticas investigadas en el 'caso Pretoria', y por la que se le imputa un delito de cohecho, correspondía a sus “honorarios profesionales”.
MÁS DECLARACIONES ESTE VIERNES
Las declaraciones se reanudarán este viernes, con la comparecencia del ex gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) Emili Mas, que el miércoles renunció a este cargo y fue suspendido de militancia por el PSC. Garzón también ha citado al ex concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres Antoni Jiménez; al ex alcalde de este municipio Víctor Ros, del PP; al consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido; y a Josefina Calvet, madre del ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz.
No obstante, el abogado de esta última, Fermín Morales, pidió a Garzón que su cliente no tenga la obligación de desplazarse hasta la Audiencia Nacional al sufrir “un Alzheimer muy desarrollado desde hace dos años”. “No está en condiciones de viajar a Madrid”, aseguró.
El undécimo implicado en la segunda tanda de imputaciones, Phillip McMahan, será interrogado mediante una comisión rogatoria que Garzón tiene previsto librar a Andorra.
Emili Mas, al que se atribuyen actividades prohibidas a funcionario público, mantenía “una fluida relación” con Luis García en “cuestiones urbanísticas e inmobiliarias, muchas de ellas referentes a Santa Coloma de Gramenet”. Ros y Jiménez, por su parte, están acusados de asociación ilícita, fraude y exacciones ilegales por haber aprobado la 'Operación Niesma', que dejó un agujero en las arcas municipales de Sant Andreu de Llavaneres de 17,6 millones de euros.
Ruiz Sabido, imputado por un delito de tráfico de influencias, era consejero delegado de la sociedad Marian Badalona y consejero de la empresa BBW S.L. y “persona muy próxima” a Luis García, al que habría ayudado con “decisiones favorables al grupo de inversores para los que trabajaba”. Por una operación en este municipio el Ayuntamiento dejó de ingresar 14 millones de euros.
Por último, Josefina Calvet está acusada de un delito de cohecho por “haber intervenido en representación de sus hijos y, junto a Valera, como representante legal de la empresa Zellinger Gestión Inmboliaria S.L.”, que era propiedad del presunto cerebro de la trama. Tanto Calvet como su hijo, el ex alcalde de Santa Coloma, se habrían repartido un millón de euros en concepto de comisiones. Su abogado presentó un escrito solicitando que se le exima de la obligación de prestar declaración por sufrir la enfermedad de Alzheimer.
Además de los imputados, Garzón ha citado para enero a diez testigos más, entre los que destacan la ex alcaldesa de Badalona Maite Arqué (PSC), el ex director general de Planificación y Recursos del Ayuntamiento de Santa Coloma Albert Gadea, y el actual gerente de la empresa pública Gramepark, Manel Sierra, epicentro de la presunta trama.
CUATRO ENCARCELADOS
Como consecuencia de esta investigación, abierta desde el año 2006, se encuentran en prisión el ex diputado del PSC Luis García; los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta y el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (PSC).
Además, se encuentran en libertad bajo fianza el presidente del Grupo Espais, Lluís Casamitjana (500.000 euros); el de Proinosa, Josep Singla (500.000 euros); el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo (100.000 euros); el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco (200.000 euros) y el director gerente de Servicios del municipio, Pasqual Vela (25.000 euros).
