El Gobierno busca un acuerdo que genere confianza
El Gobierno considera que el Debate sobre el estado de la Nación que arranca la próxima semana en el Congreso se plantea como una “ocasión idónea” para lograr un acuerdo político que genere confianza dentro y fuera de nuestras fronteras y que ayude a superar esta crisis “extraordinariamente intensa y compleja”. Fuera de la economía destaca la política antiterrorista, que a su juicio hace inútiles los movimientos de ETA y su entorno.
Así se recoge en la comunicación formal que el Ejecutivo ha registrado en el Congreso, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se habla que la capacidad de las Cortes Generales para ir alcanzando acuerdos en el último año que han permitido renovar buena parte del ordenamiento jurídico y que podrán tener continuidad en las próximas semanas con “la aprobación de los proyectos de ley de transparencia y acceso a la información pública y de igualdad de trato”.
En ese sentido, el Ejecutivo desea que esa capacidad de acuerdo se mantenga “y pueda incluso ampliarse, especialmente en relación con los desafíos, trascendentales para nuestro futuro, que acompañan a la rápida conclusión de las reformas estructurales en marcha”.
“Ese acuerdo político es fundamental para reforzar la confianza internacional en la capacidad de España de recuperar cuanto antes el crecimiento económico y la generación de empleo -argumenta-. Y es fundamental, igualmente, para fortalecer la confianza ciudadana en nuestras propias capacidades, y en nuestra irrenunciable voluntad de superar las dificultades para construir un futuro individual y colectivo mejor, más estable y más justo.
A lo largo de seis páginas, el escrito del Gobierno desglosa las medidas adoptadas por el Ejecutivo desde la última edición del Debate sobre el estado de la Nación, cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, planteó “un conjunto muy diverso y ambicioso de actuaciones para combatir los efectos, económicos y sociales, de la recesión y sentar las bases de un nuevo crecimiento, más sostenible, de la economía española”.
Eran los tiempos del llamado Plan E, de las ayudas a la venta de coches, o la extensión del subsidio por desempleo, “medidas destinadas a sostener la actividad en los sectores más castigados por la crisis, como los vinculados a la construcción, a la innovación y a la sostenibilidad ambiental en el ámbito municipal, y en otros de claro valor estratégico para la economía española, como el turismo o el del automóvil”.
Se refiere también a la Estrategia de Economía Sostenible que Zapatero presentó el pasado 2 de diciembre y que se plasmó en el proyecto de ley que está en fase de enmiendas y en los decretos ley resultantes de las conversaciones del palacio de Zurbano.
Tres reformas de calado
En esa Estrategia de Economía Sostenible enmarca el Gobierno “tres reformas específicas de calado para la economía española” que a su juicio son prioritarias: la del sistema de pensiones, que se transformará en norma en cuento se reciben las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo; la del mercado laboral, cuyo proyecto de ley se tramita ya en las Cortes; y la del sistema financiero, en particular en lo referido al régimen de las cajas de ahorro, cuyo proceso de reestructuración concluye en los días del debate sobre el estado de la Nación.
“El Gobierno juzga imprescindible concluir y aplicar cuanto antes estas tres reformas, para incrementar la competitividad y sostenibilidad de nuestro modelo productivo, y considera muy conveniente hacerlo con un amplio consenso de las fuerzas políticas representadas en la Cámara --señala--. Por esta razón, serán objeto preferente del Debate que justifica esta Comunicación”.
El Ejecutivo anticipa que seguirá por esa senda culminando la reforma del sector de los servicios, a partir de las dos leyes ya aprobadas (las conocidas como Ley Paraguas y Ley Ómnibus) y sus normas reglamentarias de desarrollo, aprobando el proyecto de ley de servicios profesionales y desarrollando el Pacto por la Energía y el Plan Industrial 2020.
“Incremento insostenible” del gasto público
A ello añade el objetivo de reducción del déficit público. “El extraordinario esfuerzo realizado para paliar las consecuencias de la recesión ha supuesto un importante incremento del gasto público, lo que, unido a la disminución de ingresos producida por la misma, han causado un aumento muy considerable de nuestro déficit público --reconoce--. Es un incremento insostenible, aunque haya tenido lugar en el contexto de un nivel de deuda pública comparativamente bajo”.
En ese sentido, recuerda las medidas de recorte adoptadas, que suponen una reducción del gasto por un importe de 15.000 millones de euros para 2010 y 2011, y asegura ser “consciente del esfuerzo demandado a todos los ciudadanos, pero especialmente a aquéllos que se ven afectados directamente por las medidas de recorte”.
Paralelamente, “y con el fin de atenuar el impacto negativo que pudiera tener en la recuperación esta constricción presupuestaria adicional”, el Gobierno incide en la necesidad de intensificar el alcance de las reformas en marcha para incrementar la competitividad de la economía española.
El Gobierno confía en que “la acción conjunta de los países europeos sobre la consolidación fiscal, y una mayor y mejor regulación de los mercados financieros, contribuyan a la recuperación de la estabilidad de los mismos”, pero en cualquier caso defiende “iniciativas de regulación financiera, de supervisión del funcionamiento de los mercados y de aumento de las garantías
de estabilidad, para evitar en el futuro que las turbulencias financieras injustificadas puedan dañar la situación de las economías nacionales y, muy especialmente, de las economías de la zona euro“.
Fuera del ámbito económico, que el Ejecutivo admite que centrará el debate de la próxima semana, el escrito menciona otras cuestiones como el nuevo Código Penal, la implantación de la Oficina Judicial, las reformas de las leyes de asilo e inmigración, la ampliación de los permisos de paternidad y la reforma de la Ley de Aborto.
Movimientos etarras inútiles
También se refiere a la política antiterrorista destacando el acuerdo unánime en torno a la reforma de la Ley de Víctimas. “Ese acuerdo, combinado con la eficacia de la lucha antiterrorista por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad durante el año transcurrido, y con la colaboración institucional tanto en el interior de España como con las autoridades francesas, que ha llevado a la detención de la cúpula de ETA en repetidas ocasiones durante los últimos meses, es, sin duda, el mejor modo de mostrar a los terroristas la rotunda inutilidad de sus movimientos y la unidad de los demócratas frente a los mismos”, remacha.
En materia autonómica destaca el nuevo sistema de financiación, que incluyó “un esfuerzo considerable de aumento de los recursos disponibles para los servicios públicos”, y aprovecha para demandar más cooperación interterritorial.
“La aprobación del acuerdo de financiación y la consolidación del modelo de Estatutos de Autonomía, avalada por la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, refuerzan la línea de avance del Estado autonómico que el Gobierno quisiera ver completada con un refuerzo de la cooperación entre Estado y Comunidades Autónomas, especialmente necesaria en el contexto de la actual situación económica”, señala.
