La Guardia Civil dejó de investigar el tráfico de dinamita por falta de pruebas
Durante la trigésimocuarta jornada del juicio por los atentados de Madrid, que se centró en la vigilancia que hacía la Guardia Civil de los explosivos en las minas antes de los atentados, declararon otros altos mandos de la Benemérita en el Principado en la época en la que se produjo la masacre.
Así, el descontrol de las minas asturianas antes del 11-M volvió a quedar patente en el juicio cuando un interventor de armas y explosivos de la Guardia Civil que, tras la masacre, inspeccionó Mina Conchita, de donde supuestamente salieron los explosivos para los atentados, aseguró que se barajó la “teoría de la sisa” para explicar la sustracción de la dinamita que se colocó en los trenes. Esa teoría, explicó, se sustentó principalmente en que ningún artillero había denunciado la desaparición de explosivos.
Además, el jefe de la Intervención Central de armas de la Guardia Civil en Asturias, José Luis Bayona Pérez, corroboró que en 2002 se habían detectado “pequeñas sustracciones” de explosivo en la minas asturianas, por lo que se sugirió derivar la vigilancia de las explotaciones a la Seguridad Privada. A la vigilancia de las explotaciones mineras también se refirió el ex jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Oviedo, Fernando Aldea, que manifestó que el 2 de julio de 2003 se hizo una inspección en Mina Conchita cuyo resultado fue “sin novedad”, según le transmitió el anterior testigo.
Sobre el tráfico de explosivos, Laguna, que fue el jefe de la Guardia Civil en Asturias desde abril de 2001 hasta junio de 2004, relató que la información de que los acusados Antonio Toro y José Emilio Suárez Trashorras pretendían vender 150 kilos explosivos se la facilitó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en febrero de 2003. Esto coincidía, según el testigo, con lo manifestado por el presunto narcotraficante José Ignacio Fernández Díaz, “Nayo”, en la prisión asturiana de Villabona y con lo dicho por el ex confidente Francisco Javier Lavandera en la denominada operación Serpiente.
Por ello, añadió, ordenó al entonces jefe de la comandancia de Oviedo que formaran un equipo mixto con el apoyo de “la gente de Gijón” para investigar esos datos, y señaló que en el mes de junio los responsables le comunicaron que “de los explosivos no sacaron nada” y por ello decidieron “derivar la investigación a la droga”. Aldea, por contra, y aunque aseguró que “nunca hubo freno a la investigación”, manifestó que creía que “no se creó el grupo mixto” porque lo consideró “pertinente” Laguna.
Por su parte, el ex jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón José Antonio Rodríguez Bolinaga, subrayó que en 2003 “Oviedo no pasó la información” sobre el tráfico de explosivos, sino que “pidió colaboración” y añadió que ellos aportaron la información del confidente Lavandera, que, según dijo, eran datos que ya conocía la Policía Nacional, puesto que el confidente se lo había revelado en el marco de la operación Pipol en la primavera de 2001.
Durante esta jornada declaró también el presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y de la Metalurgia, que explicó que envió varias cartas al Ministerio del Interior para denunciar la “dejación” en la custodia de los explosivos por parte del Estado, en concreto, de la Guardia Civil. En este sentido, el representante de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Asturias cuando se produjeron los atentados dijo que en todo el Principado había 54 agentes para inspeccionar las minas y destacó que la eficacia de su labor depende del factor sorpresa: “Si vas a la mina necesitas ponerte un casco” y material específico por seguridad y, “si avisas el día antes a la empresa para que te suministre ese material, pierdes el factor sorpresa”.
Rechazo al careo solicitado por Díaz de Mera
Por otro lado, el tribunal que juzga el 11-M denegó este martes el careo entre el ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera y el comisario Enrique García Castaño, solicitado por dos acusaciones y señaló que no comprende “cuál es el interés o incluso la legitimación para la propuesta” de estas posiciones procesales.
En su auto, el tribunal considera de forma genérica que “no concurre el presupuesto necesario para la admisión del careo”, pedido en un primer momento por Díaz de Mera al estimar que García Castaño mintió al decir que no le habló de un informe que vinculaba ETA al 11-M, ya que no cree que sea necesario, tal y como establece la ley, para “comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados” por los atentados del 11-M. Además, tampoco admite los testimonios solicitados por la Fiscalía en relación con este asunto “porque ya ha depuesto en la vista la llamada fuente directa del señor Díaz de Mera” y “se ha practicado o están pendientes de practicar otras pruebas que permitirán al tribunal valorar la credibilidad del testimonio”.
Así, no acudirán a testificar a la vista el ex comisario general de Información Telesforo Rubio, que, según Díaz de Mera -eurodiputado del PP- mandó elaborar el documento, ni tampoco el agente con el número 18.684, a quien el ex director de la Policía identificó como el que redactó el informe.
