''Luces y sombras'' en la gestión de López Aguilar al frente de Justicia
El mundo judicial ve “luces y sombras” en la gestión de Juan Fernando López Aguilar al frente del Ministerio de Justicia, desde el que ha impulsado leyes como la que regulan los matrimonios entre homosexuales o el divorcio exprés y otras que suponen el endurecimiento de la Ley del Menor y del Código Penal.
A pesar de las “zonas grises”, las asociaciones judiciales coinciden en destacar la actitud dialogante y la “educación institucional” del hasta ahora ministro que, aseguran, ha mostrado siempre su disposición a reunirse con ellas.
Además de estas leyes, López Aguilar impulsó varias reformas en el ámbito puramente judicial, que afectarán a la estructura de la Administración de Justicia.
Así, el ministro preparó varios proyectos de ley que permitirán la implantación de los llamados “jueces de proximidad”, que se encargarán de los asuntos de menor entidad en las grandes ciudades, y la creación de Consejos de Justicia autonómicos.
Estas reformas suponen también la redistribución de competencias entre el Tribunal Supremo, que se concentrará en la unificación de doctrina, y los Tribunales Superiores de Justicia, que se convertirán en la culminación de la organización judicial en el territorio de cada comunidad autónoma.
Críticas de la APM frente a las alabanzas de JpD
Mientras la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, es crítica con las leyes que han puesto en marcha la Justicia de Proximidad y los Consejos de Justicia autonómicos, para Jueces para la Democracia (JpD) estas normas se apuntan en el “haber” de López Aguilar, aunque considera que debe concretarse el diseño de la oficina judicial.
Para JpD, en el mandato de López Aguilar contrasta el incremento de los órganos judiciales y reformas como la remodelación de las competencias de los tribunales superiores de justicia con la situación de la oficina judicial.
El desarrollo de la oficina judicial, puesta en marcha por el Gobierno del PP, ha sido precisamente uno de los proyectos “estrella” del ya ex ministro, para hacer frente al incremento de los litigios y dar una resolución rápida a los pleitos.
Otra iniciativa emprendida en trámite parlamentario es el proyecto de reforma del Código Penal, que potencia la persecución de los delitos urbanísticos y contra la seguridad vial y endurece las penas para el crimen organizado.
Uno de los últimos proyectos presentados por López Aguilar ha sido el de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que refuerza la autonomía de la Fiscalía General del Estado, modifica el régimen de nombramiento y cese del fiscal general e impulsa la investigación antidroga y contra la corrupción y la criminalidad organizada.
Los fiscales también opinan
Desde la Asociación de Fiscales (AF), tras estos tres años hay “luces”, como el aumento del número de plazas de fiscales y del presupuesto para formación, y “sombras”, como el mantenimiento del fiscal general del Estado en su puesto actual, que considera un “grave error”, el “decepcionante” proyecto de Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y la falta de voluntad política para resolver las cuestiones retributivas.
Para la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha faltado un mayor impulso al Estatuto Fiscal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
López Aguilar no ha podido sacar adelante la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -que permitiría reducir la sobrecarga de trabajo y combatir la lentitud de los procedimientos de este tribunal- ni la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano con el que ha mantenido una auténtica batalla dialéctica durante su etapa como ministro.
Este enfrentamiento fue especialmente agudo en el caso del proyecto de ley de matrimonios homosexuales aprobada por el Congreso el 21 de abril de 2005.
Otras de las normas sociales fueron la que modificó la Ley del Divorcio, mediante una nueva legislación que fue conocida como divorcio exprés, y la reforma de la Ley del Menor, con la exclusión de su ámbito de aplicación a los jóvenes de entre 18 y 21 años.
También puso en marcha el capítulo penal y judicial de la ley integral contra la violencia de género, con la entrada en funcionamiento de cientos de Juzgados de violencia sobre la mujer, algunos de ellos exclusivos y de nueva creación.
En su despedida, López Aguilar llevó este viernes al Consejo de Ministros otra de estas normas sociales, la de adopciones internacionales.
