Los partidos se lanzan a por el voto joven con propuestas sobre vivienda
El deseo de captar el voto de los jóvenes y la necesidad de responder a un problema, el de la vivienda, que figura entre los que más preocupan a los españoles, ha llevado a los partidos a proponer bonificaciones fiscales y medidas de fomento del alquiler y abaratamiento del suelo en sus programas electorales.
La Constitución recoge el derecho a una vivienda digna, e insta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho, pero otorga a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos las competencias sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
El último informe de la OCDE advierte de que los precios de la vivienda en España están sobrevalorados entre un 24 y un 32%. En los últimos diez años, el precio de la vivienda en España ha experimentado un alza acumulada de un 130% y, de hecho, el precio medio del metro cuadrado casi se ha triplicado desde 1997.
Sin embargo, el Gobierno destaca que se está produciendo un aterrizaje suave en los últimos meses como indica que, al inicio de la legislatura, el precio de la vivienda subía a un 19% mientras que, en el primer trimestre de 2007, se encarecía en un 7,2%.
Acabar con la especulación urbanística y la falta de transparencia y garantizar más suelo para la vivienda de protección oficial es precisamente el objetivo de la Ley del Suelo que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
Es también el objetivo de las medidas destinadas a permitir una vivienda accesible que incluyen los programas marco que los principales partidos, PSOE, PP e IU han elaborado para las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo.
El PSOE presenta 19 medidas concretas sobre vivienda en su programa marco, en su mayor parte dirigidas a liberalizar más suelo para la construcción de viviendas de protección oficial.
Este partido se compromete a dedicar preferentemente el esfuerzo público a programas de viviendas protegidas, en coordinación con las comunidades autónomas, y a reservar un porcentaje del 50% de las VPO para los sectores menos favorecidos.
El PSOE establecerá bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las familias con hijos a cargo, incrementando sistemáticamente estas ventajas cuando existan en las familias personas con discapacidad.
EL programa socialista presenta diversas medidas para el fomento del alquiler, entre las que destaca la creación de servicios municipales para la intermediación en la movilización de las viviendas vacías, así como promover nuevas ayudas para los propietarios de inmuebles desocupados que se ofrezcan para su arrendamiento a los jóvenes.
Además, destinará al alquiler el 40% de las viviendas protegidas de promoción pública, y pondrá en marcha parques de vivienda en alquiler destinados especialmente a jóvenes, familias monoparentales y mujeres con cargas familiares.
Entre las diecisiete medidas que propone el PP, en su mayor parte fiscales, destaca la creación de un IBI social, con una reducción de hasta el 50% de la cuota en función de la capacidad económica del propietario.
A esta medida se suma una reserva de entre el 25 y el 50% del aprovechamiento del suelo para viviendas de protección pública, un programa de hipoteca joven e hipoteca familia para menores de 35 años y familias numerosas, así como rebajar la carga que grava la constitución de hipotecas y la compra de vivienda habitual.
El PP también recoge medidas para proteger a los propietarios frente a la ocupación ilegal de viviendas, y propone que se celebren juicios rápidos para estos supuestos y los de desahucio.
IU propone un recargo de hasta el 200% en el IBI para las viviendas y solares vacíos, en función del tiempo de retención del bien, así como la elaboración de un censo de estos inmuebles.
El programa de IU plantea penalizar la especulación a través de un incremento en el impuesto de plusvalías para aquellas ventas de viviendas que se produzcan en los primeros años de tenencia de la propiedad.
Por contra, IU promete también bonificaciones en el IBI para las familias numerosas y para las constructoras que incorporen a sus edificaciones sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para consumo propio.
De estos programas han surgido compromisos concretos como el del candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, de que la vivienda sea un derecho reclamable en los tribunales, o el del candidato de este partido a la presidencia de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien garantiza el pago del alquiler a los que cumplan los requisitos para tener una VPO y no la reciban en un año.
En la misma línea, el presidente de Castilla y León y candidato popular a la reelección, Juan Vicente Herrera, se compromete a pagar por un periodo de hasta medio año, con un máximo de 700 euros al mes, la hipoteca de aquellos jóvenes que se queden en el paro.
