El Supremo da un plazo al fiscal y a Manos Limpias para contestar al recurso de Garzón
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela -que instruye la querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su investigación del franquismo- dictó este jueves una providencia en la que da traslado a todas las partes personadas en este procedimiento del recurso de apelación, presentado el pasado día 10, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 calificaba de “insostenibles” los indicios contra él y solicitaba la realización de numerosas pruebas en su defensa.
Fuentes del alto tribunal señalaron este jueves que tanto la Fiscalía como los querellantes -el sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española y de las JONS, que comparten representación letrada-, dispondrán de cinco días para presentar sus respectivos escritos una vez les sea notificada esta decisión de Varela.
El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Freneda , lanzó duras críticas en este recurso de apelación al auto en el que el instructor Varela confirmaba sus indicios contra Garzón por un delito de prevaricación, que se califica por la defensa como “insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal”.
PRUEBAS.
Entre las pruebas solicitadas por Garzón, sobre las que se podrán pronunciar ahora las partes, están la declaración textual de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que realizaron un voto particular en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de éste órgano de declararle incompetente para estudiar el denominado caso de las fosas. Se trata de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel.
Igualmente, Garzón pidió que testifiquen Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal Anticorrupción, en su condición de miembro del grupo de expertos que él mismo designó para la investigación de esta causa; del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y de los abogados Joan Garcés y Fernando Magán, que representan a los familiares de los desaparecidos.
Además, Garzón interesó que declaren la actual embajadora de Suiza en la República Argentina, Carla del Ponte, en su condición de antigua fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de la ONU, y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni, uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida del país suramericano, entre otros juristas de prestigio internacional.
