Veinte años de acuerdos políticos contra ETA
La iniciativa anunciada hoy en el Congreso por el presidente del Gobierno de alcanzar un “gran consenso” contra ETA de todas las fuerzas parlamentarias, al que pretende incorporar a organizaciones cívicas, se suma a diversos acuerdos suscritos por los partidos en los últimos veinte años para afrontar el terrorismo. La historia de los acuerdos antiterroristas comenzó en 1987 con el Pacto de Madrid, resolución a la que siguió el Pacto de Ajuria Enea (1988), el Pacto de Navarra o de Pamplona (1988) y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo (2000).
El Pacto de Madrid, firmado el 5 de noviembre de 1987 en el Congreso de los Diputados por todos los grupos excepto EA, surgió a iniciativa del PSOE meses después del atentado de Hipercor, el más sangriento en la historia de la banda terrorista, con veintiún muertos. El acuerdo asumía una resolución parlamentaria de 1985, denunciaba la falta de legitimidad de ETA para expresar la voluntad del pueblo vasco, rechazaba así la negociación de problemas políticos con la banda, y emplazaba a los terroristas a abandonar las armas y a aceptar las vías democráticas.
El Pacto de Madrid, que se convirtió en el referente de los dos siguientes acuerdos contra ETA -el de Ajuria Enea (Vitoria) y el de Navarra-, se reunió por última vez el 12 de diciembre de 1997, tras el asesinato del concejal PP en Rentería José Luis Caso.
De Ajuria Enea a Pamplona
El Acuerdo para la Normalización y la Pacificación de Euskadi, conocido como Pacto de Ajuria Enea y firmado el 12 de enero de 1988, duró diez años y fue suscrito por todos los grupos con representación parlamentaria en la Cámara vasca, excepto HB. Los firmantes se comprometían a defender el Estatuto de Gernika como “expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos vascos”, a apoyar “las vías de reinserción” para quienes renunciaran al terrorismo y a respaldar el diálogo “entre los poderes del Estado y quienes abandonen la violencia”.
Si Ajuria Enea unió a los partidos democráticos vascos en 1988, el Acuerdo por la Paz y la Tolerancia, también conocido como Pacto de Navarra o de Pamplona, aglutinó a las formaciones navarras ese mismo año, excepto EA y HB, impulsado por el gobierno foral presidido por el socialista Gabriel Urralburu. Esta iniciativa proclamó la legitimidad de todo proyecto político que no se apoye en la violencia, exigió a ETA el abandono inmediato y definitivo de las armas y abrió la puerta a una solución dialogada del conflicto vasco y a la aplicación de medidas de reinserción para los que abandonen la violencia.
En las últimas reuniones del Pacto de Ajuria Enea se comprobó el progresivo distanciamiento de los firmantes, que se consumó el 12 septiembre de 1998 con la firma de la Declaración de Lizarra en la localidad navarra de Estella. El PNV, EA, HB e IU defendían en ella el diálogo sin condiciones y el denominado “ámbito vasco de decisión” como claves para la paz.
Cinco días después, ETA anunció un alto el fuego “total, unilateral e indefinido”, que rompió en diciembre de 1999. La ruptura de la tregua y la apuesta de los partidos nacionalistas vascos por Lizarra llevaron al entonces líder de la oposición y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a proponer un acuerdo al PP.
El Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, también conocido como Pacto Antiterrorista, fue suscrito en la Moncloa el 12 de diciembre de 2000 y constituye, hasta el momento, el último acuerdo contra la violencia terrorista. En su introducción, PP y PSOE destacaban como “requisito imprescindible” para alcanzar “cualquier pacto político o institucional” con el PNV y EA que ambas formaciones rompieran de manera “formal” con el Pacto de Estella.
PP y PSOE se comprometieron a “impulsar conjuntamente” las libertades y la política contra ETA, con una “colaboración permanente”, el intercambio de información y la búsqueda de posiciones conjuntas en esta materia, compromiso que dio lugar, por ejemplo, a la ley de partidos por la que se ilegalizó a Batasuna. En el Pacto, cuya última reunión tuvo lugar el 3 de noviembre de 2004, los dos partidos aseguraban que corresponde al Gobierno dirigir la lucha antiterrorista y se comprometían a “eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral las políticas para acabar con el terrorismo”.
