Zapatero e Ibarretxe se citan en Moncloa a mitad de mes

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se reunirá con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, el próximo 16 de octubre en La Moncloa, para discutir la propuesta del presidente vasco de celebrar una consulta sobre el futuro de esta comunidad.

Zapatero e Ibarretxe hablaron durante la tarde de este martes y fijaron la fecha, en una jornada en la que el lehendakari compareció ante la prensa de manera extraordinaria tras la reunión del Consejo de Gobierno vasco, pidiendo “calma” ante el “muchísimo nerviosismo” con el que ha sido recibida su propuesta. Mientras, desde el Gobierno se insistió en que la consulta no va salir adelante.

Los planes de Ibarretxe también han desatado algunas consecuencias: los socialistas anunciaron que queda aparcada la fusión de las tres cajas de ahorro vascas, mientras que el PP presentó en Vitoria la primera moción de las que va a plantear en los ayuntamientos vascos en contra de la consulta. Además, PSOE y PP discreparon sobre si Zapatero tiene que comparecer en el Congreso en torno a la consulta.

El lehendakari llamó el lunes a La Moncloa para pedir una reunión y no pudo hablar con Zapatero, que le devolvió este martes la llamada para acordar ambos en reunirse el 16 de octubre. Fuentes del Gobierno hicieron hincapié en que las puertas de La Moncloa han estado abiertas durante toda la legislatura para los presidentes autonómicos “y no se van a cerrar ahora” para dialogar y, al mismo tiempo, dejar clara la posición de firmeza del Gobierno.

Una reacción “correcta”

En su comparecencia de este martes, Ibarretxe dijo que le parecía “correcta” la primera reacción del presidente a su propuesta -en la que Zapatero dijo que iba a “escuchar, pero también (Ibarretxe) me va a oír”- y se quedaba con esa reacción y no con las “puertas cerradas” que en los días siguientes manifestaron otros miembros del Gobierno.

Ibarretxe explicó que el presidente Zapatero “acaba de hablar con ETA y con Batasuna en mayo de 200. Y yo le apoyo”, por tanto, “espero que no se niegue a la negociación e incluso a alcanzar acuerdos con el lehendakari”.

Según Ibarretxe, tiene “el completo apoyo del PNV, de EA y de EB” y no vio “ningún inconveniente en términos de legalidad en torno a la propuesta”. “El planteamiento es tan democrático y tan limpio que estoy seguro de que nadie va a tener intenciones de utilizar la justicia e incluso la policía para impedir que la sociedad vasca se pronuncie”, agregó.

Varios ministros contestaron al lehendakari. El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió en que la consulta no se va a celebrar porque es una propuesta que “divide a los vascos a la hora de mejorar la convivencia”, y a los demócratas a la hora de combatir a ETA.

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, calificó la consulta como “inconstitucional e ilegal y está destinada al fracaso”, mientras que el de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, señaló que el lehendakari ha unido “el desvarío” a una falta de concreción en su propuesta.

“Un desafío importante a la Constitución”

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, anunció que su grupo pedirá la comparecencia urgente del presidente del Gobierno para que explique cómo impedirá que se lleve a cabo el “desafío” planteado por el lehendakari. Para Zaplana, con excepción del 23-F, “nunca ha habido un desafío tan importante a la Constitución y al Estado de Derecho, por mucho que quieran venderlo de la forma más dulcificada posible”, insistió.

La petición del PP fue rechazada por el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, para quien “no tiene ningún sentido” que el presidente del Gobierno comparezca en el Congreso. En el País Vasco, el PP anunció que presentará mociones en los ayuntamientos para que los consistorios no colaboren en la realización material de la consulta y la primera se presentó este mismo martes en Vitoria.

Los ayuntamientos, recordó el PP, son necesarios en una consulta, ya que contribuyen a la elaboración del censo electoral, colaboran en la elección de los miembros de las mesas y ceden locales públicos para ser usados como colegios electorales.

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