Se abre el telón
Un año después, el Gobierno de Canarias lleva una comunicación al Parlamento para pedir a las Cortes que aceleren los trabajos en la tramitación del Estatuto, antes de que se disuelva el Congreso para convocar las elecciones en marzo de 2008. Sin embargo, el documento que salió del Parlamento de Canarias no es el mismo que se va a aprobar en las Cortes: CC, que defendía la totalidad del texto, ha presentado más de cincuenta enmiendas en solitario y más de medio centenar con el PP, entre ellas una para excluir la reforma electoral y que se apruebe el sistema electoral mediante una ley del Parlamento autonómico.
Cuando se inició la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía, la portavoz del PP, Mercedes Roldós, lo calificó como un nuevo Plan Ibarrexte, un atentado contra la unidad de España al servicio del objetivo federalista de ZP y, particularmente, “nacionalsocialista” o nazi.
Las elecciones del 27 de mayo saltaron todas las alertas del régimen que gobierna Canarias. Los 26 diputados socialistas son una gran mayoría en la Cámara autonómica y sólo un sistema electoral caciquil ha impedido que otras fuerzas políticas canarias representen a sus votantes en el Parlamento, puedan sumar otras mayorías que cambien los gobiernos de CC y PP. Lo tiene claro María Australia Navarro, que hace un año votó en contra del Estatuto: le dijo al grupo socialista que pretende cambiar el sistema electoral por uno que les favorezca para perpetuarse en el poder, lo que no pudo evitar alguna que otra risa tanto entre los bancos de la oposición como en los grupos que apoyan al Gobierno.
Mercedes Roldós miraba el debate sobre el Estatuto que calificó como nazi desde el banco que le corresponde por ser consejera de Sanidad del Gobierno y después vio cómo todos sus compañeros del PP levantaban la mano a favor de la aceleración de los trámites para aprobar el Estatuto que ella definió como nazi y contrario a esa unidad de destino en lo universal que es España.
Guerra de propaganda
El debate sobre el Estatuto marca el inicio de la campaña electoral hasta marzo de 2008, que CC y PP centrarán en Canarias en una cuestión: la culpa es de ZP o de Madrid (da igual el objeto), es decir, los socialistas se desentienden de Canarias por represalias por el pacto CC-PP en el Gobierno.
Los daños colaterales de esta guerra de propaganda convenientemente amplificada serán fundamentalmente dos ejes: el PSOE no quiere aprobar el Estatuto y la inmigración, con los menores en el ojo del huracán. El pasado lunes la estrategia se percibió con claridad: a las declaraciones del Diputado del Común, Manuel Alcaide, pidiendo al expulsión de todos los inmigrantes y responsabilizando al Estado en materia de menores, siguieron las realizadas en emisoras de radio por el senador y presidente del Cabildo tinerfeño, Ricardo Melchior, y por Paulino Rivero, presidente del Gobierno, todas en la misma línea: la responsabilidad de los menores inmigrantes es del Estado.
Mientras tanto, el vodevil parlamentario amenaza con convertirse en un curso de acomplejados que llaman profesor al líder de la oposición, Juan Fernando López Aguilar, con evidente ánimo despectivo. Es sintomático como todos los diputados de la derecha, CC y PP, primero alaban la capacidad y preparación del ex ministro, para enseguida cargar contra su verbo agresivo, distante de lo que ellos llaman consenso, pero que en su lenguaje de cosa nuestra sería mejor definir como apaño o conchabo.
Ninguna de las tres fuerzas políticas con representación en la Cámara tiene legitimidad moral como para proceder a la aprobación de esta norma básica redactada a espaldas de los ciudadanos, que consagra las desigualdades sociales mediante el mantenimiento de un diferencial fiscal propio del feudalismo. Eso junto a un sistema electoral bananero es el núcleo del Estatuto porque ya se sabe que hablamos diferente. El Estatuto nace y se tramita bichado. No se ha consultado nada a los ciudadanos previamente, no han intervenido y desconocen su contenido.
Se ha demostrado en estos últimos años que más competencias no implican mejores servicios porque quienes han gobernando han sido muy incompetentes y han estado más preocupados y ocupados en beneficiar a sus amigotes y a quienes les financian las campañas. Esa manifiesta incompetencia no parece que vaya a cambiar en esta legislatura, a tenor de la cantidad de enchufados que vuelven a vivir de la teta pública que financian todos los trabajadores con sus impuestos mientras se dejan de tributar millones y millones de euros gracias a la RIC.
