Actualizar demandantes y usar promociones inacabadas, entre las novedades del Plan de Vivienda de Canarias

Todos los grupos parlamentarios han apoyado el informe del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 que incluye algunas novedades, como actualizar el registro de demandantes para adecuarlo al impacto de la COVID-19 y que el Gobierno podrá adquirir para su conclusión promociones que quedaron inacabadas tras la crisis de 2008.

Estas son parte de las enmiendas que han presentado los grupos durante el debate en ponencia del plan, que este jueves ha quedado listo para su discusión en un próximo pleno del Parlamento regional y en el que todos han alabado el consenso alcanzado en su trámite.

El Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 cuenta con un presupuesto de 664 millones de euros con el objetivo de edificar unas 5.900 viviendas protegidas, en su mayor parte de alquiler, y prevé en su conjunto más de 88.000 actuaciones que podrían generar unos 28.000 empleos en el Archipiélago.

Por el grupo socialista, el diputado Jorge González señaló que en un momento de tanto “ruido político” se ha producido un ejercicio de responsabilidad para conseguir que la política sea una herramienta para arreglar los problemas de los ciudadanos.

El Plan se encuentra al final de un trabajo intenso pero ahora queda “un pasito más, que es el complicado”, dijo González, ya que la gestión por parte del Gobierno debe ser “rápida, eficiente y eficaz” y tiene que concertar con cabildos y ayuntamientos la disponibilidad de suelos o, de lo contrario, será imposible de ejecutar.

El socialista también advirtió que la cifra actual estimada de 17.000 demandantes de vivienda en Canarias se va a incrementar como consecuencia de la pandemia, sobre lo que el diputado del Partido Popular Manuel Domínguez se congratuló de que se haya incorporado su propuesta para actualizar la lista de solicitantes “a la real”.

Construcción como motor económico

En este sentido, además será necesario “fajarse con una campaña de comunicación importante”, continuó Domínguez, quien afirmó que su partido ha tendido la mano a un buen documento, real y alcanzable con tres tiempos. El primero de ellos, a corto plazo, el de facilitar el acceso a una vivienda digna a aquellas familias que lo están pasando mal.

A medio plazo se marcan dos objetivos: reactivar la economía a través de la construcción y poner lo que se vaya finalizando a disposición de los demandantes. A largo plazo y con menos urgencia, se establece la posibilidad de ofrecer terrenos para edificar nuevas obras, concretó el popular.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista Canario, indicó que se ha asumido su propuesta de que no haya un numerus clausus de viviendas sino que el plan sea un documento dinámico, además de facilitar mecanismos de apoyo a las corporaciones locales para gestionar la disponibilidad de suelo.

También habló de la necesidad de establecer un plan de choque para dar prioridad a la rehabilitación con criterios de accesibilidad y eficiencia energética y señaló que se trata de una oportunidad para reactivar la economía canaria, pues la construcción “no es solo poner bloques: es fontanería, electricidad, transporte, comercio y venta de materiales”.

Beato explicó que el documento marca objetivos ambiciosos al Gobierno, por lo que requerirá tramitar muchos expedientes de ayuda y, para ello, deberá utilizar fórmulas de gestión imaginativas para poder dar respuestas más inmediatas.

“Este documento genera muchas esperanzas a mucha gente que está esperando una vivienda y no debemos fallar. Ahora el Gobierno debe trabajar para que no se frustren, y nuestra formación ayudará a que se cumplan”, sostuvo la parlamentaria.

Esther González, de Nueva Canarias, opinó que es el plan de vivienda más ambicioso que ha tenido el Archipiélago, con una “potente inyección económica” necesaria ante los efectos aún impredecibles de una pandemia que en las Islas, aseguró, “serán devastadores”.

Medidas de choque y colaboración

La política de vivienda “no puede dejar a nadie atrás” y por ello se “promoverán medidas de choque” para quienes han sufrido un desahucio, viven en infraviviendas o en condiciones de hacinamiento, pero también se prevé edificar inmuebles para la población que, por tener una renta media, no accede a las ayudas en este ámbito, añadió.

Por Sí Podemos Canarias, el diputado Manuel Marrero confió en que el documento no se convierta “en un brindis al sol” y sirva para “amparar” a las corporaciones locales que, a veces, son las únicas frente a las demandas ciudadanas. También pidió que se adapten los criterios para adjudicar las viviendas sociales, de forma que no se haga por sorteo sino por baremación, y que se revitalice el derecho de tanteo y retracto a efectos de que los fondo de inversión, los llamados fondos “buitre”, no sigan “imponiendo sus derechos sobre los de la ciudadanía”.

Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, subrayó que se trata de una oportunidad única para construir viviendas públicas en Canarias y satisfacer una de las principales reclamaciones ciudadanas, pero advirtió también de que, para que este plan sea realidad, es esencial la colaboración con cabildos y ayuntamientos y la coordinación con Visocan (Viviendas Sociales de Canarias) y el Instituto Canario de la Vivienda.

Asimismo, es fundamental, continuó Ramos, que en el documento se haya plasmado la colaboración entre el sector público y el privado para construir viviendas protegidas, porque sin dicha cooperación “no se va a mover ni un solo bloque”, advirtió.