La alcaldesa de Mogán expulsa a un concejal de NC en un tenso pleno por el presunto desfalco de multas de un policía
Al igual que hiciera en noviembre con el caso de los informes pagados con dinero público a un magistrado emérito del Supremo para su defensa penal, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), ha vuelto a zanjar en menos de un minuto otra comparecencia polémica en el pleno municipal. En esta ocasión, los dos partidos de la oposición (Nueva Canarias-Bloque Canarista y el PSOE) habían solicitado a la regidora sureña que “despejara las dudas” sobre la investigación al agente de la Policía Local que presuntamente se apropió de 135.000 euros de las multas de tráfico que imponía a turistas.
En esta breve comparecencia, Bueno se ha defendido de las acusaciones de la oposición por la “falta de control” o la “actitud negligente” del gobierno municipal sobre las multas de tráfico y ha zanjado el debate ordenando la expulsión de la sala del concejal de NC-Bc Juan Manuel Gabella, tras llamarle al orden en tres ocasiones (todas por discrepancias sobre los tiempos de intervención).
El caso estalló a principios de febrero. La Guardia Civil detuvo el 2 de febrero al agente O.L.S.N. mientras estaba de servicio. Las pesquisas se habían iniciado un año antes. En los últimos cinco años este agente se habría apropiado de unos 135.000 euros de las multas que cobraba en efectivo a los turistas y que después anulaba en su PDA (agenda electrónica).
La oposición reprochó a la alcaldesa la “falta de control” del gobierno municipal sobre esos procedimientos sancionadores y sus anulaciones. “La realidad de los hechos es muy preocupante y apunta a una actuación negligente del concejal de Policía defenestrado (Mencey Navarro), de la alcaldesa y del responsable de Mogán Gestión (empresa pública que gestiona los PDA)”, señaló Gabella (NC). “La imagen de la Policía Local se ha visto seriamente perjudicada. No se puede permitir este menoscabo”, sostuvo Artemi Artiles (PSOE).
En su escueta intervención, la alcaldesa explicó que tuvo conocimiento de la actuación de ese funcionario policial en febrero de 2025 tras “un control rutinario” de las PDA utilizadas por los agentes y que no se pudo detectar antes porque las anulaciones en los dispositivos no se volcaban al departamento de recaudación, por lo que “escapaban” de los mecanismos de control directo.
La regidora ha defendido que se actuó “con total rigor y profesionalidad” en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos y que fue el jefe de la Policía Local quien trasladó a las autoridades competentes esa información que ha dado origen a un procedimiento judicial por presunta malversación. “Hay un total control”, ha contestado a la oposición.
Bueno también ha negado que, como insinuaba el PSOE, esos hechos fueran el desencadenante de la retirada de competencias sobre la Policía Local al concejal Mencey Navarro, ejecutada el mismo mes. “En absoluto. Cuando tengo conocimiento de los hechos yo ya había asumido las competencias en Seguridad”, ha señalado.
Antecedentes
El concejal Juan Manuel Gabella (NC), que acabó siendo expulsado del pleno, incidió en que “hay quejas contra ese mismo agente desde 2008”. “Y nadie sabía nada. La alcaldesa, que se entera de todo, no tenía ni idea de lo que pasaba en Mogán”, ha ironizado.
El edil canarista ha señalado, además, que en 2012 cuatro agentes de la Policía Local de Mogán ya denunciaron “esas mismas prácticas” cometidas supuestamente por otro policía. Unas prácticas de las que, dijo, “tenía pleno conocimiento” el exconcejal de Policía Mencey Navarro, puesto que actuó como abogado de los denunciantes en aquel procedimiento que se sustanció en el Juzgado de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana.
Gabella cuestionó además la seguridad de las PDA que utilizan los policías locales. “Cualquier agente que conozca el número de un compañero puede acceder en su nombre a la aplicación y poner multas en nombre de este”. En esta misma línea, Artiles (PSOE) ha pedido un cambio en el procedimiento de multas por el que se exija “un informe detallado” de cada una de las anulaciones, que sea firmada al menos por dos agentes y que sea revisada por el departamento de recaudación para evitar esas anomalías.
La oposición puso de manifiesto la falta de supervisión de este sistema, que permitió que el agente ahora investigado pudiera apropiarse de ese dinero de las multas durante al menos cinco años. Sólo se descubrió la actuación irregular, agregaron, “por casualidad”, cuando se redactaba un manual para nuevos agentes.
El debate concluyó con la expulsión del concejal Gabella. Tras responder a las preguntas formuladas por la oposición, Bueno acusó a NC de “incumplir” de manera reiterada el reglamento municipal. En ese momento, el edil canarista pidió intervenir “por una cuestión de orden”. Tras negarse en varias ocasiones, la alcaldesa ordenó a la Policía Local que expulsara del salón de plenos a Gabella, que seguía pidiendo hablar con el micrófono apagado.