Aparta al presunto malversador, pero ascendió al torturador: el doble rasero de la alcaldesa de Mogán con los policías

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), ha informado este jueves de que el agente de la Policía Local detenido el pasado lunes por la Guardia Civil tiene abierto un expediente disciplinario que quedará en suspenso hasta que se resuelva la causa penal.

En una comparecencia junto a Marcos Domínguez, jefe accidental de la Policía Local del municipio sureño, Bueno (que ahora ostenta responsabilidades directas en el área tras relegar al concejal Mencey Navarro) ha dicho también que el agente O.L.S.N., que está siendo investigado por haberse apropiado de unos 135.000 euros de las multas que imponía a turistas, no volverá a patrullar las calles del municipio y se le asignarán otras funciones. También ha señalado que el Ayuntamiento ya se ha personado en la causa abierta al policía y que podría ejercer como acusación particular, como perjudicado.

Como ha venido informando Canarias Ahora desde el pasado martes, la Guardia Civil detuvo el pasado lunes a O.L.S.N. mientras estaba de servicio en Puerto Rico, localidad en la que ha llevado a cabo en los últimos cinco años las actuaciones presuntamente delictivas. Se le investiga por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Según el equipo de la Policía Judicial, el agente multaba a turistas que cometían infracciones de tráfico con vehículos de alquiler, les exigía el pago en efectivo y se quedaba con el dinero.

De esta forma, el policía se habría apropiado de unos 135.000 euros. La investigación se inició después de que el propio Ayuntamiento de Mogán detectara, a través de una revisión de las agendas electrónicas de bolsillo (PDA) que portan los agentes municipales, el sospechoso proceder del ahora investigado, con numerosos procedimientos sancionadores anulados.

Las pesquisas posteriores del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil permitieron determinar que este policía anulaba las multas de tráfico que imponía principalmente a turistas tras cobrarlas en efectivo y que no reintegraba esos fondos a las arcas municipales. En los últimos cinco años habría abierto cerca de un millar de procedimientos sancionadores.

El ascenso a un policía condenado por torturas

La actuación del Ayuntamiento de Mogán en este caso contrasta con la que mantuvo el grupo de gobierno liderado por Onalia Bueno con la investigación judicial abierta a dos agentes que acabaron siendo condenados en firme por torturar y lesionar a un vendedor ambulante de origen senegalés, también en la localidad de Puerto Rico.

Uno de esos agentes, Carlos Javier Hernández, se mantuvo en el servicio activo de manera ininterrumpida hasta su ingreso en prisión en mayo de 2023 sin haber sido expedientado ni suspendido. Es más, habiendo sido ya condenado en primera instancia, el Ayuntamiento de Mogán, encabezado por Onalia Bueno, lo condecoró y lo ascendió a oficial.

Los hechos por los que fue condenado se produjeron en enero de 2011. Las imágenes de la paliza, grabadas por las cámaras de videovigilancia de un centro comercial, se difundieron en los medios en 2013. Cuando se conocieron los hechos estaba el Partido Popular (PP) en el gobierno municipal y el entonces partido de la alcaldesa (Ciuca), en la oposición. Mencey Navarro, número dos de Bueno, reclamó en aquel momento la apertura de un expediente disciplinario a los dos agentes investigados. “El señor (Francisco) González (alcalde) es el único que tiene serias dudas respecto de lo que allí (en el vídeo) se aprecia, pero es evidente e indiscutible que las imágenes muestran una real agresión a un ciudadano senegalés”, dijo entonces.

Dos años después, Bueno asumió el bastón de mando municipal. Y el discurso cambió. Había que esperar a que hubiera sentencia, deslizó entonces. Lo cierto es que en ocho años dejó ejercer a uno de los agentes condenados por tortura sin abrirle expediente ni imponerle, por tanto, ninguna medida disciplinaria. Ni cuando se abrió juicio oral contra él (2017), ni cuando fue condenado por la Audiencia de Las Palmas (2021). Incluso siguió en servicio activo cuando la sentencia adquirió firmeza (marzo de 2023).

Entre medias, el gobierno de Bueno contrató a un abogado externo, José Antonio Choclán, para recurrir ante el Supremo la condena inicial. De hecho, antes de que el alto tribunal resolviera ese recurso, el policía fue ascendido a oficial (enero de 2022) y, meses después (noviembre de ese mismo año), condecorado con la cruz distintiva de la permanencia activa en el servicio.

En el caso del policía ahora investigado por malversación, la actuación de la alcaldesa ha sido distinta, adoptando -según ha afirmado en la comparecencia de este jueves- medidas inmediatas (apertura de expediente, retirada de arma y prohibición de patrullar). Según Bueno, no puede suspenderle de empleo y sueldo hasta que no haya sentencia firme.

Sin embargo, en 2018 el gobierno liderado por Bueno suspendió de empleo y sueldo durante seis meses a cuatro policías locales, entre ellos un representante del sindicato UGT, por ejecutar un precinto el día después al previsto inicialmente, una decisión que adoptaron para no alterar el orden en el local, ya que el primer día el dueño se había negado cuando el establecimiento estaba lleno. Ciuca negó entonces que esa sanción obedeciera a motivos políticos y que se trataba de un procedimiento “estrictamente administrativo, reglado por la ley”. Lo cierto es que esa suspensión fue finalmente anulada por los juzgados por falta de justificación.