Antonio Plasencia pierde la fianza de 420.000 euros por las obras de Las Quinteras
El empresario Antonio Plasencia está más cerca de dar por definitivamente perdida la fianza de 420.000 euros que entregó en el año 1993 por la ejecución de la obra del centro comercial, aparcamiento subterráneo, estación de servicios y de guaguas de Las Quinteras, en el casco de La Laguna.
El informe elaborado por el Consejo Consultivo apunta en este sentido, a la vez de considerar que el Ayuntamiento no tiene derecho a reclamar los 54.000 euros solicitados a la empresa Inversiones Punta Larga SA en concepto de indemnización. El empresario por su parte no sólo pide la devolución de la fianza sino que se le sumen los intereses hasta llegar a más de 7,2 millones de euros, una batalla que seguramente se tendrá que aclarar en los tribunales.
El Consejo estima que se dan todas las condiciones necesarias para proceder a la rescisión del contrato firmado en su día, ya que el empresario nunca llegó a presentar el proyecto de obra en el plazo estipulado desde un principio y cuando lo hizo éste no se ajustaba a las condiciones del concurso.
A vueltas desde 1999
La historia de Las Quinteras es una de las más enrevesadas de la ciudad de Los Adelantados.
En el año 1990 la Corporación local adjudicó a la empresa Gestiones Industriales de Tenerife (GIT) la construcción de esta actuación para lo que disponía de un plazo de 24 meses y se les concedía una concesión de 25 años. En aquel momento se le exigió a esta adjudicataria el depósito de 100 millones de pesetas (600.000 euros) que nunca llegó a aportar por lo que el contrato tampoco se firmó.
Tres años más tarde, siendo alcalde José Segura, se acordó proceder a la adjudicación de esta explotación a Antonio Plasencia por un plazo de 75 años y un canon anual de 7 euros anuales por plaza de aparcamiento, más 1,2 euros por los centros comerciales que arrendara y otro tanto por la estación de servicio.
Sin embargo, a finales de ese año el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló este último acuerdo y dio la razón al primer adjudicatario al considerar que el Ayuntamiento no acreditó que disponía de los terrenos para llevar a cabo las obras.
Por lo tanto se ampliaba el plazo para que la primera concesionaria pudiera depositar la fianza requerida. Un fallo judicial que en 1999 ratificaría el Tribunal Supremo (TS).
En el año 1993 otra sentencia del TSJC consideró probado que la empresa de Plasencia incumplió con los plazos otorgados para presentar un proyecto de ejecución y cuando lo hizo éste presentaba deficiencias y no se adaptaba al contenido del concurso. Por todo ello, en cumplimiento de la sentencia del Supremo en el año 2006 se procedió a ratificar el contrato con GIT, cuyo accionariado había sido adquirido en ese momento en un 50% por el empresario Amid Achi.
En estos momentos está sobre la mesa un diseño para ejecutar el proyecto que es obra del arquitecto Julián Valladares que ya ha sido aprobado por el Plan Especial de Protección (PEP) del casco y cuenta con la correspondiente licencia de obra concedida por el Ayuntamiento. Achid y sus socios desembolsarán unos 23 millones de euros para construir 700 plazas de aparcamiento, 2.000 metros cuadrados de oficinas, más otros tantos de locales de ocio y un espacio público.
