La Apmun ordena la demolición parcial de 14 chalés de La Bufona

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha ordenado la demolición parcial de 14 chalés que se encuentran en la calle Chabusquillo de la urbanización La Bufona, en Arrecife. Las casas se asientan en parte sobre suelo rústico de protección y de valor natural ecológico. En las resoluciones de la Agencia se hace referencia, en todos los casos, a la realización de obras “sin contar con las autorizaciones pertinentes” y se ordena la demolición de esas obras. Los afectados pueden presentar alegaciones en el plazo de quince días.

Dice la Agencia que “realizadas las investigaciones y gestiones pertinentes, ha sido suficientemente constatado que las obras descritas carecen de amparo administrativo alguno” y asegura que son “indudable y manifiestamente ilegalizables” al haberse producido una invasión de suelo rústico de valor natural ecológico. En las resoluciones se dice que la infracción contra la ordenación se encuentra prescrita pero que queda pendiente la reposición de la realidad física alterada. La obligación de restituir esa realidad alterada corresponde al promotor, entendiendo como tal en estos casos al propietario del terreno sobre el que se han hecho las obras.

Entre los propietarios a los que afectan estas resoluciones se encuentra la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, que ha sido elegida recientemente consejera en el Cabildo y parlamentaria regional. Pérez tendrá que demoler en su casa las obras de acondicionamiento de parcela consistentes en muros, piscina de unos 31 metros, edificación adosada a lindero de unos 55 metros cuadrados, ampliación de la vivienda en unos 11,50 metros cuadrados, así como la pavimentación unos 43 metros del patio trasero que invade suelo rústico.

Otro de los propietarios es Miguel Pallarés, fiscal de la Fiscalía de Las Palmas y ex fiscal coordinador de Lanzarote. La Apmun le ordena la demolición de muros, piscina de 22 metros, una edificación adosada de 40 metros, la ampliación de la vivienda en unos 17 metros, así como la pavimentación de unos 140 metros cuadrados del patio trasero que invade suelo rústico de protección y de valor natural ecológico en un fondo de 18 metros de ancho por el largo de la parcela.

El plan no debió haberse ejecutado

En septiembre de 2008, un informe de la Apmun concluía que el plan parcial La Bufona no debió haberse ejecutado porque no contaba con la superficie mínima para desarrollarse. Además, se construyeron 52 viviendas unifamiliares en donde se podían autorizar sólo 24. Las viviendas tienen más superficie de la autorizada y las licencias se otorgaron al amparo del plan parcial y su modificación cuando estos documentos “no eran reflejo de la realidad territorial”.

En ese informe se asegura que la superficie que ocupan las viviendas no se corresponde con las licencias otorgadas. En el Registro de la propiedad figuran con una extensión de 96 metros cuadrados cuando tienen más de 200. El informe detecta que las casas sufrieron cambios años después de ser adquiridas a la promotora, sin contar con licencia de obra y sobre suelo rústico.

En julio del año 2000 la Agencia decretó la suspensión de las obras, el corte de suministro de luz y agua y el precinto aunque después se siguió construyendo y la urbanización se terminó. Por estos hechos se sigue un procedimiento penal en el Juzgado número 3 de Arrecife por usurpación de terrenos y delitos contra la ordenación del territorio.

En el juzgado

En el procedimiento están imputados el constructor y los promotores de la urbanización, Antonio Caro, Francisco Carmona (empleado municipal y ex encargado del catastro, ya fallecido) y Federico Echevarría, además del ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, que habría firmado las licencias de obra, y la ex alcaldesa María Isabel Déniz, a quien se acusa de prevaricación por no haber procedido a sancionar a los promotores de la urbanización y por, supuestamente, levantar el precinto de las obras. Ambos también están imputados en la operación Unión, y Fernández Camero también lo está en el caso de los hoteles ilegales.

Sobre el plan hay otro procedimiento, ya que el propietario de parte del suelo de ese plan parcial, Gonzalo Murillo, denunció hace más de de diez años la ocupación de sus terrenos por parte de la empresa promotora del plan, Brisa Inversiones. Además, el Tribunal Supremo ha anulado la modificación del plan parcial, por lo que todas las casas de ese plan han quedado fuera de ordenación.

Por otra parte, estas casas, que ocupaban los terrenos de Murillo han estado durante ocho años omitidas de la base de datos del catastro y no pagaban el Impuesto de Bienes Inmuebles. Posteriormente la Dirección Provincial del Catastro cambió el titular del suelo sin que se iniciara ningún expediente y luego el Ministerio de Economía reconoció que esos terrenos de La Bufona se alteraron en el Catastro sin que nadie lo solicitara, anuló la resolución y destituyó al gerente provincial.

Calumnias

La urbanización también ha estado en los juzgados por otros motivos. En marzo de 2009, la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó a Gonzalo Murillo a pagar 12.000 euros por un delito de calumnias contra el fiscal Miguel Pallarés, por un artículo publicado en La Voz de Lanzarote en octubre de 2003. En ese artículo, Murillo se quejaba de lo que a su juicio era una paralización del proceso abierto en el año 2000 contra los promotores del plan parcial, que en 2003 aún se encontraba en diligencias previas y, ocho años después, continúa igual.

La Audiencia consideró probado que Murillo achacaba la responsabilidad en la paralización del procedimiento a Pallarés, que entonces era fiscal coordinador de Arrecife y que es sobrino político de Fernández Camero, por entonces secretario municipal. La sentencia decía que Murillo le atribuía un delito de tráfico de influencias o “confabulación entre el secretario del Ayuntamiento para conceder a su sobrino una licencia ilegal”. Durante la vista oral de ese juicio, celebrada en mayo de 2008 en Arrecife, en su declaración Pallarés no recordó a qué persona le había comprado su casa, ni cuánto pagó por ella ni los metros cuadrados que tiene.

El agitador

Además, el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Arrecife dictó el pasado 25 de noviembre un auto por el que ordenaba que se eliminara de la página web elagitador.com la viñeta publicada en enero de 2008 con el título 'El fiscal mudo'. El auto era consecuencia de la querella interpuesta contra la revista por Pallarés. La viñeta representaba a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, a Fernández Camero y a Pallarés, caracterizados como los Hermanos Marx y con el título 'Una tarde en el circo de La Bufona'. El fiscal aparecía caracterizado como Harpo y se le denomina 'Miguel Callaré, el fiscal mudo'.

La viñeta se realizó a raíz del artículo de opinión publicado unos días antes en 'La Opinión de Lanzarote', bajo el título “Y a todas estas, ¿qué hacen los fiscales?”, que ponía de manifiesto la inactividad del Ministerio Fiscal en varios casos de corrupción, entre ellos el de La Bufona.