La Audiencia condena al líder de AFV-Ciuca a las costas
La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas ha vuelto a confirmar que el ex concejal de Urbanismo de Telde Ildefonso Jiménez (NC) no cometió un presunto delito de tráfico de influencias en el denominado caso La Mareta del que le acusaba el líder de AFV-Ciuca, Guillermo Reyes, al que la Sala han condenado a pagar las costas judiciales.
Según ha informado este martes el propio Ayuntamiento de Telde, la Justicia ha vuelto a “echar por tierra los argumentos y las acusaciones” de Guiller Reyes contra Ildefonso Jiménez, durante su etapa al frente de la concejalía de Urbanismo y ha negado que existiera tráfico de influencias y negociaciones y actuaciones prohibidas entre Jiménez y su asesor, Juan Manuel Cabrera, con el adjudicatario de la concesión administrativa de las parcelas P1 y P2 de La Mareta, tal como pretendía hacer ver Reyes.
El portavoz de AFV-Ciuca, con el apoyo del Partido Popular, presentó una querella contra Jiménez, Cabrera y el adjudicatario, pero el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número cinco de Telde no vio indicio alguno de que se cometieran las irregularidades que apuntaban y ordenó el archivo provisional de la causa. Tras este fallo, Guillermo Reyes decidió presentar un recurso de apelación que ha perdido hasta el punto de que ha sido condenado a costas.
Ildefonso Jiménez Cabrera dio a conocer el contenido del oficio judicial durante una rueda de prensa en la que afirmó que la Audiencia Provincial se ratifica en lo que ya afirmó el Juzgado teldense de que tras la amplia instrucción llevada a cabo “no ha quedado debidamente acreditada la existencia de indicios de comisión de delitos”.
De hecho, el Ministerio Fiscal no se personó en la causa, “entendemos que por lo tajante de los razonamientos del juez instructor”, dijo Jiménez.
La resolución emitida por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas detalla que no hay ningún dato que haga pensar que hubo por parte del concejal o de su asesor trato de favor o negociación previa o prohibida con quien resultó adjudicatario y mucho menos de que hubiera por parte de los mismos algún tipo de enriquecimiento ilícito.
Es más, la Audiencia Provincial hace hincapié en saber “dónde está el negocio si el Ayuntamiento vendió las dos parcelas en 16,2 millones de euros y los informes periciales que encarga la Sala a técnicos competentes dice que las parcelas entonces, en 2002, no valían más de 11,1 millones, obteniendo un beneficio de cinco millones por encima del valor del mercado”, resaltó Jiménez, que añadió que “lo que es absolutamente intolerable es que en los alegatos que presenta el querellante se dice que es indiferente que el beneficio par las arcas públicas fuera más o menos”.
Con este nuevo pronunciamiento judicial que se suma a otros tantos de similar naturaleza se vuelve a constatar “la honorabilidad de quienes hemos llevado a cabo estos procesos y hay razonamientos jurídicos suficientes y constatables que así lo demuestran”, apuntó Ildefonso Jiménez que dejó claro que no iniciará ninguna represalia judicial contra Guillermo Reyes “porque estamos en política para trabajar por la ciudadanía y no para estar en los juzgados”.
Eso sí, dijo, esta es una prueba más de que este tipo de medidas adoptadas por AFV-Ciuca y PP fue una forma “de poner el ventilador en marcha para desvirtuar o desviar la atención de todo lo que sucedía en el Ayuntamiento en 2006 y 2007 y que no quiero referenciar”, algo que a su juicio demuestra “desfachatez y caradura” puesto que parte de estos procesos se han pagado con dinero público.
