Bañolas abre expediente por los pluses de productividad
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha decidido abrir un expediente informativo para aclarar el correcto uso y destino de los más de 660.000 euros que el anterior equipo de Mercedes Roldós (PP) empleó en incentivar a funcionarios y trabajadores públicos con pluses de productividad, en plena crisis y sin el acuerdo correspondiente del Consejo de Gobierno.
El departamento dirigido ahora por Fernando Bañolas (CC) pretende aclarar si los extras percibidos por decenas de funcionarios se ajustan correcta y legalmente al convenio firmado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y que cada empleado público que percibiera antes de la salida del PP del Gobierno de Canarias un complemento de productividad, realmente tenía derecho a ello por haber participado en el Programa Específico para controlar las bajas por enfermedad de todos los trabajadores de Canarias, tanto públicos como de la empresa privada.
El Gobierno ha reaccionado así tras la publicación en CANARIAS AHORA el fin de semana pasado de la noticia y a petición de los sindicatos representados en la Consejería de Sanidad. En la información aportada por este periódico, las fuentes consideraban que la decisión de la secretaria general del Servicio Canario de Salud, Lourdes Quesada Díaz, a la hora de repartir esos pluses de productividad era arbitraria y discrecional, al percibir esos extras empleados que no habrían participado en el Programa Específico.
Este tiene por objeto “el estudio del comportamiento de los procesos de incapacidad temporal (IT), derivados de ciertas patologías y el desarrollo de determinadas estrategias para mejorar la gestión de esta prestación”, y entre los receptores de los complementos se ha detectado a premiados como auxiliares administrativos, letrados o altos cargos que no ejercían realmente en el Servicio de Salud Laboral como inspectores médicos.
Según confirmaron a CANARIAS AHORA fuentes internas, los pluses de productividad nunca fueron remitidos al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, y más cuando el Ejecutivo preparaba desde la primavera anterior las medidas para contener el gasto en la administración autonómica, anunciadas y ejecutadas finalmente por la Consejería de Economía y Hacienda del ex vicepresidente José Manuel Soria (PP), que incluía la prohibición de complementos de productividad.
