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Cabildo de Lanzarote asegura que prejubiló a 18 trabajadores de los Cacts con el acuerdo del Comité de Empresa

ARRECIFE (LANZAROTE), 4 (EUROPA PRESS)

La consejera delegada de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (Cacts) del Cabildo de Lanzarote, Ástrid Pérez, ha asegurado que se ha prejubilado a 18 trabajadores de los Cacts y no 25, además de incidir que fue el Comité de Empresas el que aprobó, autorizó y firmó los documentos pertinentes.

De esta forma, Pérez desmiente “con documentos las manifestaciones de los representantes sindicales”. Pérez ha asegurado que con el plan que han llevado a cabo se “ha evitado la quiebra y cierre de los Centros Turístico”.

La también vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote recordó, en un comunicado, que los acuerdos sobre los Cacts han estado “respaldados por cerca de 200 trabajadores públicos de los centros”, así como “ratificadas, apoyadas, aprobadas y firmadas por todos los miembros sindicales del Comité de Empresa”.

Al respecto, se refirió a uno de los puntos aprobados que recoge que “como medida de ahorro de los costes de personal, así como para combatir la sobredimensión con que cuentan algunos centros, ambas partes (Dirección y Comité) acuerdan la puesta en marcha de un sistema de acuerdos indemnizatorios que afecten en un primer momento a aquellos trabajadores que en la actualidad tengan una edad superior a los 62 años de edad”.

Además recoge, agregó, que “para la financiación del coste de dichos acuerdos inmdenizatorios ambas partes acuerdan en la negociación colectiva modificar la estructura retributiva de la plantilla para el actual año 2010 de forma que durante el mismo los trabajadores no devengarán la paga extraordinaria correspondiente al mes de octubre de 2010”.

En este sentido, Pérez recordó que para los 18 acuerdos indemnizatorios, suscritos de “forma voluntaria con cada trabajador”, se destinaron unos 400.000 euros, el equivalente a la paga extraordinaria del pasado mes de octubre que la plantilla dejó de percibir y que “como establece el acuerdo del Plan de Viabilidad de los Cacts” era para “el abono de estas prejubilaciones”.

Por otro lado, la consejera insular también puntualizó que desde que asumiera la gestión de los centros, a finales de octubre de 2009, en los Cacts “no se han creado nuevas plazas ni contratado a personal nuevo en plantilla”, ya que desde entonces y hasta finales de 2010 “se han suplido mediante contratos de sustitución una media de siete bajas por enfermedad, bajas o maternidad, frente a la media de 19 nuevos que se generaron en el año 2009, bajo el mandato del anterior consejero delegado”.

De esta forma, Ástrid Pérez desmiente que “exista colocación de allegados” entre las siete bajas. Agregó que todos los trabajadores suplentes tienen una antigüedad en los Cacts que data de 2005 y 2008, “existentes, por tanto, con anterioridad en la plantilla antes de que la actual presidenta del PP en la isla asumiera la gestión de la EPEL”.

AUDITORIAS DE LOS CACTS

Actualmente los Cacts se encuentran elaborando las preceptivas auditorías que marca la Ley, “ante las ausencias de los años anteriores”. Al acceder Pérez a la dirección de los Cacts ordenó que se auditaran y se cerrarán los ejercicios económicos para lo que hubo que “reforzar esta tarea con una firma, que no trabajadores nuevos, que refuerce al Departamento Económico Financiero”.

Respecto a 2010, se realizaron dos concursos internos de ascenso de promoción entre los trabajadores de los Cacts para suplir plazas de guías en la Cueva de los Verdes y otro como conductores de guaguas.

Pérez se cuestionó por qué el Comité omite los tres despidos que se produjeron entre 2007 y 2009 y las pérdidas. En este sentido, recordó que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tramitado el recurso formulado por los Cacts contra la reciente sentencia sobre un despido disciplinario.

El fallo conocido “deja claro que la Dirección de los Centros no ha vulnerado ninguno de los derechos de este trabajador y, por tanto, no acepta la petición del trabajador de declararlo nulo. La sentencia no obliga a los Centros a la readmisión del trabajador y declara acreditado la existencia de amenazas”, subrayó.

En relación con ello, se refirió a la dirección del anterior consejero delegado de los Cacts, y que en el periodo comprendido entre 2007 y 2009 se realizaron “tres despidos laborales en los centros que supusieron una indemnización próxima a los 100.000 euros”.

Sin embargo, criticó, que ante esta situación el Comité de Empresa “permaneció mudo al igual que sobre el tema de las llamativas pérdidas y números rojos en las cuentas públicas de la EPEL generadas en su mayoría entre los años 2007 y 2009 con una deuda próxima a los 17 millones de euros”.

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