El Cabildo de Lanzarote propone legalizar hoteles si los empresarios compensan el interés general
Ninguno de los 22 hoteles anulados en Lanzarote se puede legalizar con la normativa actual. Los hoteles incumplen las normas municipales, insulares y autonómicas, y algunos incluso sus propios planes parciales, según explicaron el jueves los técnicos de la Oficina del Plan insular durante la sesión del Consejo de la Reserva de la Biosfera que se celebró este viernes.
La Oficina presentó al Consejo un exhaustivo y extenso informe sobre las ilegalidades de cada uno de los establecimientos. El Cabildo recurrió 27 establecimientos de los que ya se han anulado 22. Los técnicos señalaron que la consecuencia de la anulación es la ausencia de cobertura jurídica de los establecimientos, que debería acarrear la demolición.
Sin embargo, el procedimiento debería comenzar con que los propietarios presentaran un expediente de legalización o los ayuntamientos de Yaiza y de Teguise instaran a estos a que lo hicieran. No obstante, con los estudios realizados en el Cabildo, con la normativa actual, ninguno de los establecimientos podría ser legalizable ya que incumplen el Plan insular de ordenación.
La única solución pasa, según los servicios técnicos, por modificar la normativa actual, aunque hay varios inconvenientes. En primer lugar, los tribunales no aceptarían una “legalización a la carta”. No se puede legislar para legalizar lo que es ilegal, según doctrina del Tribunal Supremo. Tampoco caben amnistías en materia urbanística, según el técnico de la Oficina del PIO, Leopoldo Díaz. La única posibilidad de legalización pasa por fijar unas condiciones dentro de la revisión del Plan Insular o del Plan Territorial Especial, ambos en tramitación, que serían una forma alternativa de ejecución de las sentencias y estarían controladas por los tribunales. Sería, en palabras de Díaz, “conseguir beneficios al interés general insular que justifiquen los cambios a una nueva ordenación”.
Lo que propone el Cabildo es definir a partir de ahora en qué consiste el interés público en materia urbanística y plantea tres posibles formas de compensación: la contención del desarrollo a través de disminuir el techo de plazas a construir (renuncia de plazas por parte de los empresarios), la desclasificación de suelo (propio o comprado a otros promotores), el establecimiento de unos estándares de máxima calidad y finalmente la mejora del espacio turístico. La receta significa “menos camas, más calidad y buena oferta complementaria”. Esta legalización extraordinaria sería voluntaria y algunos hoteles, los que ocupen espacios libres y los que afecten al paisaje, no podrán ser legalizados
Veinte tipos de infracciones
Los hoteles acumulan casi veinte tipos distintos de incumplimientos, entre los que se pueden destacar la omisión de informe de compatibilidad con el PIO, el otorgamiento de licencias por silencio positivo, la vulneración de la ley de medidas urgentes, la ausencia de informe jurídico o técnico o la “mera apariencia” de ambos, la prórroga ilegal de licencias, la concesión con informes desfavorables, la construcción que no se corresponde con lo solicitado, la vulneración de la suspensión de licencias, la concesión de licencias el mismo día que se solicitaron, la ineficacia de los planes parciales, etc. Los técnicos aclararon que muchos de los hoteles están ocupando suelo destinado zona residencial o a equipamientos, es decir la oferta complementaria, que no se ha desarrollado suficientemente y que tanto reclaman los empresarios.
Al Consejo de la reserva de la Biosfera asistieron miembros del Gabinete científico de dicho Consejo, como José Luis Rivero, Faustino García Márquez, Lázaro Sánchez Pinto, Antonio González Viéitez o el magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín.
Los tribunales han anulado unas 12.000 plazas que representan el 12% del total de las que existen en la Isla. El documento con las ilegalidades y el análisis caso por caso elaborado por el Cabildo se puede consultar en la página www.legalidadurbanistica.org.
