El Cabildo rectifica y adjudica el concurso de vigilancia a Seguridad Integral Canaria
El Cabildo de Gran Canaria dio marcha atrás este viernes decidió adjudicar el concurso de seguridad y vigilancia de sus inmuebles y dependencias a Seguridad Integral Canaria, y anular por tanto el acuerdo de la Mesa de Contratación que había elegido como mejor la oferta de la gaditana Serramar.
Esta decisión se adoptó como consecuencia del recurso interpuesto por Seguridad Integral Canaria contra la adjudicación a Serramar por considerar que había habido por parte de los técnicos del servicio de Régimen Interior una errónea valoración de las mejoras que presentaban las empresas.
El recurso fue enviado a los servicios jurídicos del Cabildo, que se han ratificado en el informe que emitieron en su día aconsejando ajudicar el concurso a Seguridad Integral Canaria, sugerencia que se desoyó ante la insistencia de los técnicos de otorgárselo a Serramar.
El Cabildo también se ha valido para tomar esta nueva y definitiva decisión de un informe externo encargado a un especialista en seguridad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con titulación específica, al que se encargó que analizara las mejoras ofertadas por cada empresa e hiciera sus propias valoraciones.
Seguridad Integral Canaria ofertaba una serie de mejoras que los técnicos de Régimen Interior del Cabildo despreciaron por considerar que no eran objeto del concurso. Entre otras, la empresa que preside Miguel Ángel Ramírez se comprometía por el mismo precio ofertado a instalar detectores de cartas-bomba, dispositivos de revisión de bajos de vehículos con acceso a dependencias del Cabildo y a facilitar un vehículo con conductor a disposición del presidente en sus desplazamientos oficiales en Madrid. Pero, además, ofertaba un seguro de responsabilidad civil dos veces superior al de Serramar, además de otras diferencias que no fueron tenidas en cuenta en su momento.
Paralelamente a la tramitación de este concurso se ha conocido un informe interno de Seguridad Integral Canaria en el que se relata la presunta connivencia entre algunos de sus ex empleados con Serramar y con el jefe de los servicios de Régimen Interior del Cabildo, Carlos Gutiérrez, al que la Corporación ha abierto un expediente que aún se tramita.
