La ''campaña sucia'' del PP ''genera desconfianza''

La candidata de CC al Parlamento regional por Gran Canaria y vicepresidenta del Gobierno de las Islas, Mari Mar Julios, ha criticado la “campaña sucia” del PP contra los nacionalistas, después de que la Junta Electoral de Las Palmas obligase a los populares a identificar las vallas y cuñas que relacionaban al presidente, Paulino Rivero, con Zapatero. “(El PP) genera desconfianza a los ciudadanos”, ha dicho en una entrevista en El Correíllo, de CANARIAS AHORA RADIO, “y fomenta la crispación”.

Julios ha mantenido que, frente a la actitud de sus antiguos socios de Gobierno (PP y CC gobernaron juntos en la última legislatura, hasta que CC apoyó los presupuestos generales del PSOE), “no ha sido CC quien ha cambiado”. “Hemos defendido la actuación del Gobierno durante estos cuatro años, no hemos entrado en una guerra sucia con el que fuera socio de Gobierno”, ha dicho.

Canalizar la participación

La vicepresidenta del Ejecutivo regional se ha referido a los manifestantes acampados en San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria, y La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, que piden un cambio en el sistema político y social causante de la crisis económica. “Los ciudadanos tienen todo el derecho a expresar lo que les parezca oportuno”, ha dicho.

“Es importante que (el movimiento) nos haga reflexionar a todos”. También ha valorado el “esfuerzo por parte de las personas que están en la organización” de estos actos, a quienes ha animado a que “participen no sólo votando, si no en partidos políticos, asociaciones o en las asociaciones de vecinos de su barrio”.

Recortes sociales

“Eso es como pedirle al presidente del Gobierno que después del 22-M no haya nuevos recortes”, se ha excusado la candidata preguntada sobre si su partido podrá mantener al menos el actual panorama de políticas sociales. “Podemos no recortar”, ha dicho, “pero lo tiene que hacer también el Gobierno (central)”.

Julios ha recordado el “trabajo con la sociedad civil” en este sentido, especialmente con sindicatos y empresarios, con quienes el Gobierno suscribió un pacto por la sostenibilidad de los servicios públicos y que ha derivado en cuatro mesas de trabajo sectoriales.

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