Canarias instruye 60 expedientes en un año por vulnerar la Ley de Costas

una comparecencia parlamentaria instada por el Partido Popular sobre la demolición de asentamientos edificados en aplicación del convenio de Costas de febrero de 2006, Berriel indicó que la APMUN tiene la potestad de multar cuando se comete una infracción en materia de costas.

El consejero explicó que el objetivo del convenio entre el Gobierno canario y Costas es cooperar entre ambas administraciones, en el que se prevé que intervengan también los cabildos y ayuntamientos. “El fin es evitar el uso indebido del litoral canario perjudique su integridad y los valores ecológicos del dominio público”, agregó.

Sobre la demolición o restablecimiento de la realidad física alterada en el litoral, el consejero aclaró que la Ley de Costas establece que, sin perjuicio de la sanción penal o administrativa impuesta, el infractor está obligada a la restauración y reposición de las cosas a su estado anterior“. A su juicio, ”la Ley de Costas es una ley complicada, dura y su aplicación es a veces impactante“, aunque la demolición es la última medida que se aplica.

El consejero recordó que la zona de servidumbre (donde no se puede construir) tiene cien metros hacia tierra dentro desde el límite de la ribera del mar.

“No creo que ningún Gobierno se atreva a aplicar exactamente la Ley”

Manuel Fernández, del PP, indicó que el “Gobierno socialista pretende que se haga limpieza de las Costas, y le dice al Gobierno de Canarias que le hace infraestructuras, pero tiene que ser ellos los que se enfrente a las poblaciones y eso ha llevado problemas en Lanzarote, Tacoronte, El Médano y demás sitios de Canarias”. Canarias tiene una invasión costera muy considerable “y no creo que ningún Gobierno se atreva a aplicar exactamente la Ley”, subrayó antes de señalar que existen muchos sitios donde se infringe la ley de Costas y no se actúa.

Santiago Pérez, del Partido Socialista, dijo que es bueno que el dominio público se proteja, “porque algunos pueden comprar el dominio público con fondos públicos”. A su juicio, “las actuaciones en el dominio público suelen consistir en la edificación de segundas residencias y son instalaciones precarias”, indicó el diputado del PSC, aunque reconoció que se deben tener en cuenta los problemas humanos que se pueden dar.

“El dominio público hay que recuperarlo para conseguir el uso público”, subrayó Pérez.