Canarias pide ampliar los plazos de la nueva directiva europea de saneamiento y depuración de aguas

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha pedido este viernes ampliar los plazos de la aplicación de la nueva directiva europea sobre saneamiento y depuración, que rebaja de 2.000 a 1.000 habitantes el umbral de población a partir del cual será obligatorio disponer de estas infraestructuras.

Miranda, en el Parlamento de Canarias, ha reclamado que los plazos y la financiación para cumplir los nuevos requisitos sean “realistas”, y ha advertido de que Canarias no podrá resolver todas las necesidades existentes en un periodo de diez años.

Hay que recordar que en la actualidad Canarias, cuya población supera los 2,2 millones de habitantes y que el pasado año recibió más de 18 millones de turistas, tiene contabilizados 403 puntos de vertido desde tierra al mar (212 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 191 en la de Las Palmas). Del total de puntos censados, solo 112 cuentan con autorización vigente.

Miranda ha insistido en la “importante complejidad” que supondrá para el archipiélago la aplicación de la nueva directiva europea sobre saneamiento y depuración, al tiempo que ha señalado en el Parlamento de Canarias que esta modificación afectará “prácticamente a la mayoría de los ayuntamientos” del archipiélago y tendrá una especial incidencia en los municipios pequeños, cuyas capacidades técnicas y administrativas son más limitadas.

El consejero ha explicado que la nueva normativa europea, actualmente en proceso de transposición al ordenamiento jurídico español, también exigirá una mejora de los rendimientos económicos y energéticos de los sistemas de saneamiento y depuración.

El Gobierno de Canarias comparte los objetivos de protección ambiental establecidos en la directiva, ha asegurado Miranda, pero considera necesario que su aplicación tenga en cuenta las singularidades del archipiélago, como la fragmentación territorial, la compleja orografía, la escasez de recursos hídricos, la dependencia energética y la elevada superficie protegida.

Por ello, el Ejecutivo canario ha trasladado al Gobierno central una serie de propuestas para que la transposición de la directiva contemple las especificidades derivadas de la condición de Canarias como región ultraperiférica.

Entre ellas, Miranda ha citado la inclusión de una disposición específica que reconozca estas singularidades y la elaboración de un plan canario de adaptación a la nueva normativa.

El Gobierno autonómico también plantea que se permita recurrir a sistemas individuales de depuración en aquellos territorios donde la dispersión de la población, la orografía o la protección ambiental hagan poco viable la construcción de grandes redes de saneamiento y bombeo.

“No parece muy lógico” obligar a desarrollar grandes infraestructuras en todos los casos en un territorio con las características de Canarias, ha argumentado el consejero.

El Gobierno canario ya trabaja con los consejos insulares de aguas, especialmente con los de Tenerife y Gran Canaria, las islas que por su población se verán más afectadas por la ampliación de las obligaciones.

Asimismo, ha avanzado que el Ejecutivo estudia la creación de una oficina de apoyo a los ayuntamientos para facilitar su adaptación a la normativa europea, ante las dificultades que tendrán especialmente los municipios pequeños para elaborar proyectos y tramitar los expedientes necesarios.