Carlos Sánchez ocultó en Santa Brígida intereses particulares en el 'mamotreto'
El ex concejal de Urbanismo de Santa Brígida en 2001, Carlos Sánchez Ojeda (PP), ocultó al pleno municipal que el convenio urbanístico del parking del Monte Lentiscal, conocido como el mamotreto, era en su origen una iniciativa empresarial y no una propuesta municipal, según la investigación de la Guardia Civil que figura en el sumario del caso Brisan, que detecta un cruce de intereses creados entre algunos componentes de la Corporación satauteña y la empresa adjudicataria a dedo del proyecto, finalmente modificado en galería comercial.
Los investigadores del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) concluyen en un oficio remitido al juez de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Puebla, en octubre de 2007, que a raíz de la entrada y registro del Ayuntamiento de Santa Brígida el 20 de junio de ese año, la documentación analizada revela una serie de actuaciones “que pudieran encubrir ilícitas actuaciones” en la confección del convenio urbanístico firmado en 2001 entre la mercantil Saramema y el Consistorio satauteño, por el cual se costruirían 300 plazas de garaje frente a la gasolinera del Monte Lentiscal, en los bajos de una promoción de chalets privados.
Sostiene la Guardia Civil en su valoración al juez para reclamar del Ayuntamiento de Santa Brígida y de la COTMAC las modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias del municipio en relación a esta parcela de 4.000 metros cuadrados, que “el citado convenio se realizó a propuesta del empresario interesado”, mientras que la Corporación -por medio de Carlos Sánchez ante el pleno municipal- “alegó en esas fechas la necesidad imperiosa de dotar la zona de plazas de aparcamientos, que posteriormente se ha comprobado que tal edificación ha siddo y está siendo reconstruida par convertirla en galería comercial”.
La investigación de la denominada trama Saramema dentro del caso Brisan mantiene que existen indicios que apuntan a que pudieran haber “otros intereses además de los públicos, creados entre algunos componentes de la Corporación y la empresa Saramema, donde en el mejor de los casos parecía que se le había condonado [por parte del Ayuntamiento] una deuda de 203.245,03 euros, y que en el peor de los casos debería de entregar un aval bancario una vez los chalets construidos tuvieran la licencia de primera ocupación (claro, una vez hubiese cobrado dinero de sus compradores), por lo que se desprende que realizaba sus obras con dinero procedente de fondos públicos y con el beneplácito de la Corporación”.
La tesis de la Guardia Civil se fundamenta en que “cada vez que se hizo o modificó el convenio se realizó para favorecer a la empresa Saramema”, como por ejemplo las cuatro plazas de aparacamiento para el Ayuntamiento, (“que primero eran de vital importancia y luego se dijo que no eran necesarias”) y con el detalle significativo de que “es la propia empresa la que acude con fecha 11 de febrero de 2005 a la Corporación a exponer la propuesta sobre no vender las plazas de aparacamientos y dedicarlas todas ellas al sistema de rotación pública”.
Se lamenta en su informe al juez la unidad del ECO que “no se nos hizo entrega de tan importante propuesta, ni estudio realizado” y que respecto a las cuatro plazas municipales en el parking “no se entendía cómo un bien público de tipo inmobiliario se vende por la Corporación y el supuesto dinero procedente de su venta se engrosa al montante de contraprestaciones de obras públicas que no eran ni son en la actualidad de urgencia, pues no habían sido solicitadas, ni siquiera a día del requerimiento judicial de esta causa”.
La solicitud de Saramema entró 16 días antes de la propuesta al pleno
De la documentación incautada por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Santa Brígida, los investigadores resaltan un escrito con fecha 2 de julio de 2001, y entrada 4 de julio, firmado por Antonio Saavedra Ramos en nombre de Saramema, “donde se observa que es esta persona la que propone a la Corporación suscribir el convenio urbanístico, y no como se tenía conocimiento hasta la fecha, tal y como viene recogido en el convenio citado, donde se citaba que es la corporación la que para aprovechar la oportunidad única que se les presentaba debía suscribir el mencionado convenio”.
En realidad, la propuesta formulada por el concejal Carlos Sánchez tiene fecha 18 de julio de 2001, dirigida a la comisión informativa del ayuntamiento, en la que “no cuminica a la Corporación que es la entidad Saramema la proponente y omite hacer uso del escrito presentado por Saramema, alegando la necesidad de dotar a la zona de plazas de aparcamientos”.
Con posterioridad, el 26 de julio, en la aprobación del convenio en el pleno municipal, Carlos Sánchez replica al concejal Manuel Galindo que “no es un convenio que proponga el propietario, sino que es una iniciativa del ayuntamiento”, algo que convence a Galindo al afirmar que “no son los propietarios quienes tienen la iniciativa, porque no se lo permite la calificación de la zona, y precisamente por ello es el ayuntamiento el que realiza la modificación”.
La documentación en poder de la Guardia Civil aporta al caso, además, la solicitud de Saramema de modificar el convenio, de fecha 9 de febrero de 2005, para no vender esas cuatro plazas de garaje, además de la propuesta del concejal de Urbanismo Luis Troya, de 18 de noviembre de 2005, en el sentido de que esas plazas de garaje se sumen a las contraprestaciones que debe recibir el ayuntamiento, que ascendían entonces a 203.245 euros.
Además, fue el 18 de agosto de 2006 cuando definitivamente Saramema presenta la solicitud de reformado del garaje en galería comercial.
