CC limita la investigación del padrón a tres años
Coalición Canaria (CC) está dispuesta a estudiar lo que ha ocurrido con el padrón municipal de Santa Cruz, pero quiere acotar la investigación a los últimos tres años y dejar de lado las posibles ramificaciones políticas y centrarse tan sólo en las administrativas. Esta es la respuesta que el grupo de gobierno ha dado a la petición de 'Sí se puede', apoyada también por Ciudadanos de Santa Cruz, para que se cree una comisión de investigación sobre la aparición de entre 12.000 y 15.000 personas cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) o bien no existe o ha sido falsificado.
CC pretende centralizar la investigación únicamente en lo ocurrido a partir de 2009 pese a que las irregularidades comenzaron en 1996 y dejar fuera de la lupa la mayor parte de los mandatos encabezados por el ex alcalde, Miguel Zerolo de su mismo partido. La concejal de SSP, Asunción Frías, sin embargo no quiere poner límites a la comisión y exigirá que se examinen todo tipo de responsabilidades tanto políticas, como administrativas o penales, a pesar de que algunas de ellas puedan ya haber prescrito por el tiempo transcurrido.
En 2009 fue cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) comienza a requerir al Ayuntamiento para que le haga llegar las copias de los carnets de identidad sobre cuya veracidad ya sospechaba. En principio el organismo estatal reclamó los DNI de un grupo de 17.000 inscritos en el padrón sobre los que planeaba la sombra de la duda. Hechos parecidos, aunque no de igual magnitud a los detectados en la capital tinerfeña, se localizaron en otros puntos de la geografía nacional y por ello la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), hizo de intermediaria para paralizar estos requerimientos. Así se dio un año más de plazo a las corporaciones locales para que regularizaran su situación. Ante las discrepancias surgidas tuvo que intervenir el Consejo de Empadronamiento que finalmente fue el que aprobó la cifra publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en diciembre del año pasado.
El INE entra en escena
Previamente, en abril de 2012 se recibió en el Ayuntamiento el informe de reparos formulado por el INE que afectaba a 17.340 habitantes a restar y 455 habitantes a sumar. Gran parte de esos reparos tenían que ver con el error 144 que se corresponde al de “habitante español mayor de edad de 16 años que no consta en la base del DNI”. A partir de aquí, según el informe elaborado por los técnicos municipales, a 960 habitantes en esta situación, se les dio de baja antes de julio de 2012. El municipio de Santa Cruz de ha sido el más afectado al presentar un elevadísimo número de registros con esta incidencia, para los que además se ha constatado que en su mayoría se corresponden con inscripciones de la renovación del padrón de 1996. Tampoco se ha constatado ningún movimiento de los vecinos cuestionados desde entonces, y se da otra particularidad: que en muchísimos casos todas las referencias de una misma hoja presentan idéntica incidencia como si se hubieran redactado en serie. Todo ello vendría a acentuar la sospecha de que se trataban de personas inexistentes.
Ya finales de 2012 fue cuando se borraron del padrón un total de 15.300 vecinos, de los que al menos 12.000 según el grupo de gobierno o un mínimo de 14.000 según SSP, nunca han existido. Por lo pronto, Coalición estima que se trata de una cuestión meramente administrativa y rechaza cualquier utilización fraudulenta de estos ciudadanos en las elecciones. De hecho, el grupo de gobierno centra ya la responsabilidad en funcionarios concretos que según su punto de vista no respondieron en su momento a los requerimientos del INE. La oposición ya ha sido clara al exigir que se cree una comisión de investigación en la que estén presentes todas las fuerzas políticas, técnicos y miembros del INE con el fin de poder estudiar en profundidad y hasta las últimas consecuencias lo ocurrido.
SSP rechazan que desde este momento se pueda ya descartar la posibilidad de que este posible fraude en el padrón haya influido en las elecciones y al menos creen que una cifra tan abultada puede tener algún tipo de consecuencias en el nivel de abstención y tal vez a partir de aquí en el reparto de los concejales. Por lo pronto, que un 7% de la población nunca haya existido tiene repercusiones en cualquier tipo de estadística municipal. De hecho, en cada convocatoria electoral, Santa Cruz ha venido registrando la inusual cifra de casi el 50% de personas que se quedaban en sus casas y no ejercían el derecho al voto. Por ello los 12.000 casos de fraudes ya detectados y reconocidos por el grupo de gobierno suponen alrededor del 10% de estos ciudadanos que se abstienen. La posibilidad de que se hubiesen utilizado DNI falsos para poder votar será una cuestión que se intentará aclarar durante la comisión de investigación. Otro tanto ocurrirá con que los responsables políticos tuvieran conocimiento del supuesto fraude, fuesen cómplices del mismo o incluso responsables directos.