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CC y PP rechazan regular la venta ambulante con una ley autonómica

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 (EUROPA PRESS)

Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) han rechazado este viernes en el pleno del Parlamento regional la proposición no de ley del diputado socialista Inocencio Hernández en la que instaba al Ejecutivo autónomo a que promoviera una ley para regular la venta ambulante en el archipiélago.

Esta normativa, ha resaltado el parlamentario del PSC-PSOE, “vendría a desarrollar la escueta regulación que sobre la venta ambulante recoge la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, tanto en relación al Régimen de autorización, como a las características de la autorización, procedimiento de selección y presentación de solicitudes”.

Hernández ha recordado que “toda actividad comercial que se realice en un espacio de dominio público requiere de autorización municipal”. Además, ha subrayado que “la venta ambulante ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, que lo ha convertido en un subsector de gran relevancia dentro de la actividad comercial”.

En esta tesitura, el socialista ha advertido que “el cambio radical que introduce la Directiva Europea en cuanto al procedimiento de concesión de las licencias, acceso a las mismas, así como el tiempo de duración de la autorización, supone un giro para la realización de la venta ambulante”.

Por ello, en su iniciativa Hernández abogaba por que el Parlamento de Canarias instara al Gobierno de Canarias a que presentara un proyecto de ley sobre la venta ambulante, que permitiera introducir en el procedimiento para la concesión de las autorizaciones factores de política social, así como un plazo de duración de las nuevas autorizaciones que se concedan que permitan compatibilizar la amortización de las inversiones a realizar; que las autorizaciones fueran transmisibles y tuvieran una duración mínima de años, con el fin de amortizar las inversiones y que el nuevo Proyecto de Ley se realizara en consenso con la Fecam y los colectivos de afectados.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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En esta coyuntura, el diputado 'popular' Carlos Ester ha subrayado que la competencia en esta materia siempre ha sido de los ayuntamientos, un asunto al que también se refiere la Directiva Europea. Desde esta premisa, el parlamentario del PP ha considerado que no es oportuno que la venta ambulante sea regulada por una ley autonómica. En definitiva, “el marco normativo ya está desarrollado y le da las facultades a los ayuntamientos” y la venta ambulante “ya está adaptada a la directiva europea”.

Por su parte, desde las filas de Coalición Canaria (CC), la diputada Nuria Herrera ha considerado que “probablemente” no es necesaria una ley autonómica que regule la venta ambulante no sedentaria. En esta línea, ha resaltado que otras comunidades autónomas regulan la venta ambulante “igual que Canarias” y ha reiterado que la administración competente es el ayuntamiento correspondiente. La nacionalista ha subrayado que CC “sí solicita al Gobierno canario que apoye este sector” y ha agregado que la Federación Canaria de Municipios está elaborando una orden al respecto pero “cada ayuntamiento decidirá si da o no una autorización”.

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