CC y PSC bloquean la investigación política

Todos están de acuerdo en crear una comisión de investigación de carácter político sobre lo ocurrido, al menos, desde el año 1996, con la aparición de 15.000 personas inexistentes en el padrón municipal. Sin embargo, el pleno celebrado por Santa Cruz rechazó una moción de Sí se puede para ponerla en marcha al enredarse el debate en cuestiones sobre su carácter, forma de votación o fechas de inicio, entre otros aspectos.

El grupo de gobierno integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario-PSOE apuestan por esperar primero a que los técnicos acaben el procedimiento que se ha puesto en marcha para que luego la comisión de investigación política se constituya. El alcalde, José Manuel Bermúdez y el primer teniente de alcalde, José Ángel Martín Bethencourt, repitieron que estaban de acuerdo en llegar hasta el final a la hora de esclarecer lo ocurrido.

Las diferencias surgían entorno a si esta comisión se formaba dentro de la ya existente de Hacienda, si era una subcomisión o los trabajos se llevaban a cabo en el seno de la propia junta de portavoces. Ante el rechazo de esta propuesta la concejal de Sí se puede, Asunción Frías, anunció que no iban a esperar más y acudirían de forma inmediata a la Fiscalía Anticorrupción al entender que el grupo de gobierno está intentando dar largas a la creación de esta comisión.

Bermúdez rechazó que Santa Cruz esté obligada a devolver cantidad alguna ya que las cifras anuales fueron aprobadas año tras año por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Partido Popular (PP) fue más allá y exigió que sea cesado de forma inmediata y cautelar el jefe del Gabinete de Alcaldía, José Alberto Díaz Estébanez, que en su momento fue el responsable político de la elaboración del padrón en 1996.

Como prueba del enredo en el que se incurrió durante el debate, indicar que todos apoyaron la creación de esta comisión y la mayoría apostó por llevar las conclusiones que de aquí se extraigan a la Fiscalía, pero al final se rechazó la moción.

Frías, que fue la primera en denunciar este asunto, indicó que una investigación administrativa no puede llegar hasta las últimas consecuencias y tampoco tendrían capacidad para llamar a declarar a responsables políticos como el propio Estébanez o el anterior alcalde, Miguel Zerolo. Frías estuvo dispuesta a aceptar que se cambiaran las fechas para el inicio de los trabajos, pero la única respuesta que obtenía del grupo de gobierno era que sí estaban dispuestos a investigar pero con condiciones y sin fecha.

Guillermo Guigou, concejal de Ciudadanos, mostró su apoyo “inequívoco” a la propuesta y reiteró que tras este fraude se puede esconder un intento de amañar los resultados electorales. Más allá fue el concejal de Izquierda Unida-XTF, José Manuel Corrales, quien dijo que no albergaba ninguna duda al respecto. “Tengo la convicción de que existió fraude electoral”, dijo.

Acto seguido añadió que consideraba absurdo esperar a que los técnicos concluyan su investigación en cuanto que “no fueron ellos los que se inventaron estas miles de personas”. El concejal de CC, Alberto Benarbé, admitió la seriedad del asunto y defendió la actitud de absoluta transparencia que había mostrado el grupo de gobierno desde un principio.

El responsable del área de Estadística, Florentino Guzmán Plasencia, también se mostró de acuerdo en que se cree esta comisión pero dijo que tal vez sería preferible esperar a que los técnicos, a través de un procedimiento hasta ahora inédito en el Ayuntamiento, concluyan sus trabajos.

El PP también presentó una moción, que fue rechazada, en la cual se pedía reformular los efectos que la figura del fuera de ordenación tiene el número de habitantes, una vez que se ha reducido la cifra de habitantes y las variaciones introducidas por el Parlamento en esta legislación. Por ello, pedían hacer una depuración del catálogo elaborado en su momento por la Gerencia de Urbanismo.

La concejal del PP, Ana Zurita, limitó a 26.000 las personas cuya casa se encuentra dentro de esta categoría, frente a las 57.000 que contabilizaba la Gerencia de Urbanismo. Bethencourt reiteró que el listado elaborado por los técnicos del organismo autónomo contabiliza un total de 5.500 inmuebles con esta carga urbanística. Zurita dijo que el concejal de esta área, “se ha columpiado” con las cifras “con el único fin de cargarse” el Plan General.

Plataforma Antideshaucios

En el pleno intervino la portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH), Inmaculada Évora, quien se mostró sorprendida por la demagogia que se había producido durante la sesión plenaria. Se quejó de que pese a defender un derecho básico como es el de la propiedad, sin embargo, han sido calificados de “filoetarras” y “perro flautas”.

La moción había sido trasladada por Corrales y quedó aprobada con la abstención del PP y básicamente pide que las viviendas vacías públicas que no estén pendientes de resolución judicial, sean alquiladas por un máximo de 50 euros. Guigou exigió la dimisión de la concejal de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, por no haber dado cumplimiento al anterior acuerdo plenario para que no se proceda al corte de agua de ningún vecino que atraviese situaciones económicas adversas.

El concejal asegura que ha constatado que ninguna Unidad de Trabajadores Sociales (UTS) ha recibido instrucciones para que se ejecute la moción aprobada en el anterior pleno. “O esto es incapacidad de gestión o soberbia”, dijo Guigou. Álvarez indicó que los únicos casos que se pueden haber producido se deben a vecinos que no acudieron previamente a solicitar los servicios de su Departamento.

Gran parte del pleno se centró en la situación económica del Ayuntamiento sobre la que tampoco se pusieron de acuerdo los distintos grupos. El PP indica que Santa Cruz es en estos momentos la ciudad con mayor nivel de endeudamiento de Canarias, a lo que el concejal de Economía, Alberto Bernabé, respondió que el dato era lógico en cuanto se trata de una de las dos capitales del Archipiélago.

Guigou lamentó que el 70% de las multas no se cobra y hay 33 millones que no se llegan a recaudar. En el caso de la Gerencia sólo se logra recaudar poco más de siete por ciento de las sanciones impuestas. La oposición redundó en que estos son los resultados económicos de los primeros presupuestos elaborados por el nuevo grupo de gobierno.